Le Figaro Marsella
Acantilados salvajes hasta donde alcanza la vista, escarpados y que desembocan en aguas cristalinas y azules. La imagen de postal de las calas ha hecho famosa a Marsella, y merece la visita de miles de turistas en busca de sol y bronceado en cuanto regresan los días soleados. Pero la costa de Marsella esconde un secreto mucho menos glamuroso. De hecho, la tierra de estas calas está cargada de sustancias muy peligrosas como el plomo y el arsénico.
“La gente viene a tumbarse y tiene metales pesados debajo de la toalla”, resume Didier Réault, presidente del Parque Nacional de Calanques. La contaminación apareció en el siglo XIX en estas zonas de Marsella donde se instalaron industrias, especialmente para producir refrescos”. Estas industrias luego liberaron metales pesados, a veces vertidos directamente por escorrentía al mar Mediterráneo.
“Y con la erosión humana, la erosión eólica y la erosión marina, en una época en la que las olas centenarias se vuelven anuales, encontramos metales pesados que pueden ser peligrosos para el hombre, pero que además, al caer al mar, contaminan el medio marino, como los peces que pescamos. consumir, lamenta el teniente de alcalde de Marsella responsable del litoral, Hervé Menchon. Es un envenenamiento lento”.
Desde hace años se viene gestando un proyecto de limpieza de este litoral, sin concretarse. A finales de 2023, la prefectura de Bocas del Ródano anuncia en un comunicado de prensa que la descontaminación va por buen camino, liderada por la agencia de medio ambiente y gestión de la energía (Ademe). Se han identificado una veintena de lugares al sur de Marsella, algunos de ellos muy populares entre turistas y lugareños.
“El proyecto inicial, enmarcado por un decreto prefectural, se centraba en objetivos sanitarios, destinados a eliminar el riesgo de exposición de las personas a los contaminantes contenidos en los depósitos de escoria presentes”, recuerda la prefectura en su comunicado. La operación evolucionó hacia un proyecto más complejo de rehabilitación ambiental y paisajística, en un sector desde entonces integrado en el Parque Nacional de Calanques.
En 2011, el coste del proyecto inicial se estimó en tres millones de euros. Quince años después, la factura se ha disparado hasta alcanzar los 14 millones de euros, repartidos entre el Estado (7,1), el departamento de Bocas del Ródano (3,4), la ciudad de Marsella (2) y la metrópoli (1,5).
En concreto, se llevarán a cabo importantes obras para limpiar la costa de posibles residuos contaminantes o para acondicionar el espacio de manera que los contaminantes ya no entren en contacto con los humanos.
“Cuando no podemos eliminar toda la contaminación porque los costes se vuelven prohibitivos, utilizamos un sistema de sarcófagos de hormigón para que, por ejemplo, no se produzca escorrentía”, explica Didier Réault. Un punto que no dejó de molestar a las distintas partes interesadas durante la firma del acuerdo. En Callelongue, cala muy turística situada junto a un antiguo pueblo de pescadores formado por encantadores cobertizos, “habría sido necesario retirar miles de toneladas de tierra”, estima Didier Réault. Hemos optado por la solución menos perjudicial, que sigue siendo más satisfactoria que dejar los terrenos contaminados al aire libre. En estos casos, el realismo económico es mejor”.
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“Estábamos atrapados entre la doble exigencia de no descarrilar el proyecto y los valores en los que creo”, lamenta el ecologista Hervé Menchon. Y tengo reservas sobre la solución de Callelongue que consiste en encapsularlo en falsas rocas de hormigón. Ya existe la cuestión de la sostenibilidad de una estructura de hormigón en el tiempo, en una zona marítima. Y también prefiero obras que no mientan sobre quiénes son. “Hubiera preferido un encapsulamiento al aire libre o en un sistema de piedra, o incluso que se eliminara más tierra, que esta solución que contaminará visiblemente el paisaje en el corazón del Parque Nacional de Calanques”. Tras el lanzamiento de una licitación que debería ser inminente, las obras deberían comenzar en 2025 y durar, según un comunicado de la prefectura, hasta 2027.