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La ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, admitió que el sistema de alerta Amber en Panamá tiene fallas. Reconoció que la Ley 230 del 2021 llegó con deficiencias y propuso modificarla, ya que no ha sido efectiva.

La Comisión Nacional de alerta Amber ha evaluado su efectividad y ha determinado que no ha funcionado como se esperaba. Montalvo sugirió que es el momento de tener una conversación con todos los actores involucrados, incluida la sociedad civil.

La implementación de la ley en el 2021 fue objetada debido a la incapacidad del Estado panameño para llevarla a cabo de manera adecuada. La alerta Amber cuenta con una plataforma que facilita la colaboración entre instituciones para proteger a menores en riesgo.

Montalvo mencionó que hubo problemas con las concesiones telefónicas y un presupuesto insuficiente de $50 mil en lugar de los $5 millones requeridos. La implementación apresurada en el 2024 resultó en una plataforma con limitaciones para alertar a la comunidad.

La ministra también destacó que el Ministerio Público es el ente encargado de las investigaciones con protocolos establecidos, por lo que la implementación prematura del sistema de alerta Amber fue un error. Es necesario hacer cambios dramáticos en la legislación de protección a los menores y contar con el apoyo de los diputados.

Por otro lado, el director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, respondió a las críticas sobre la efectividad de la alerta Amber. Detalló que en menos de 10 días se atendieron dos casos con alerta Amber en Bocas del Toro y Chiriquí, resolviéndolos en menos de 24 y 6 horas respectivamente.

En el caso de Juan David García, la policía realizó 66 diligencias y más de 20 allanamientos en 5 lugares distintos, logrando la captura de un presunto implicado en el crimen. Fernández enfatizó que la labor de la policía fue efectiva y rápida, aunque no puede responder por la actuación del Ministerio Público.

A pesar de los desafíos con la implementación de la alerta Amber, la ministra Montalvo y el director Fernández coinciden en la importancia de trabajar en conjunto para mejorar la protección de los menores y prevenir situaciones como la de Juan David García. La sociedad civil, las autoridades y las instituciones deben colaborar para garantizar la seguridad de los niños y niñas en Panamá.