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Panamá ha completado el pago de una deuda de $7,1 millones que mantenía con Guyana desde hace siete años, correspondiente a la compra de 400 mil quintales de arroz a un precio de $26 por quintal. Este proceso incluyó $100 mil en costos legales asociados a la transacción.

El fiscal general y ministro de Asuntos Jurídicos de Guyana, Anil Nandlall, informó que se realizaron esfuerzos a nivel diplomático para que Panamá cumpliera con este compromiso adquirido durante la administración de Juan Carlos Varela. Inicialmente, las gestiones no tuvieron éxito, lo que llevó al gobierno a presentar un procedimiento de arbitraje ante el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional en París, Francia en 2023.

Se ha revelado que la falta de pago inicial de la deuda se produjo durante el mandato de Laurentino Cortizo, a través del entonces ministro de Desarrollo Agropecuario, Augusto Valderrama, quien se negó a cumplir con la obligación desde el principio. Esta decisión fue respaldada por los directores del Instituto de Mercadeo Agropecuario, Manuel Araúz, Carlos Motta Nuques y Carlo Rognoni.

El presidente José Raúl Mulino expresó su pesar por la forma en que se manejó el pago de esta deuda, calificando la situación de «inadecuada».

Por otro lado, Anil Nandlall mencionó en una entrevista que la Junta de Desarrollo del Arroz de Guyana vendió grandes cantidades de arroz al gobierno panameño en nombre de los molineros sin recibir ningún pago a cambio.

Este proceso de pago de la deuda entre Panamá y Guyana pone fin a una controversia que se arrastraba desde hace años, destacando la importancia de cumplir con los compromisos financieros entre naciones. El trabajo diplomático y legal involucrado en este caso resalta la seriedad con la que se deben abordar las relaciones comerciales internacionales para garantizar la confianza y el respeto mutuo entre los países.

Es fundamental aprender de este episodio y establecer mecanismos claros y efectivos para la gestión de deudas y transacciones internacionales en el futuro, evitando así conflictos y disputas que puedan afectar las relaciones bilaterales. La transparencia y la responsabilidad son pilares fundamentales en cualquier acuerdo financiero entre naciones, fomentando la estabilidad y la cooperación a largo plazo.