El debate sobre los delitos de calumnia e injuria en Panamá ha alcanzado un punto crítico en la Asamblea Nacional, con la presentación de dos propuestas legislativas completamente opuestas.
Por un lado, el abogado Ernesto Cedeño ha propuesto despenalizar estos delitos, argumentando que deberían ser tratados en la esfera civil. Por otro lado, el diputado Jamis Acosta busca endurecer las penas para quienes cometan calumnia e injuria, con el objetivo de proteger la reputación de las personas.
La propuesta de Cedeño busca eliminar las penas de prisión por calumnia e injuria y en su lugar, se enfocaría en buscar compensaciones económicas o disculpas públicas en tribunales civiles. Esto, según Cedeño, fortalecería la libertad de prensa y promovería una cultura de mayor apertura y crítica sin temor a represalias judiciales.
Por otro lado, la propuesta de Acosta busca duplicar las penas actuales por calumnia e injuria, argumentando que estas acciones pueden causar daños irreparables a la reputación de las personas. Acosta también propone aplicar estas sanciones a usuarios de plataformas digitales, lo que podría tener un impacto significativo en el debate público en línea.
El contraste entre estas dos propuestas refleja visiones opuestas sobre la protección de la libertad de expresión y la salvaguardia de la honra y reputación de los individuos. Mientras Cedeño aboga por una mayor libertad de expresión y menos penalización, Acosta ve necesario endurecer las penas para disuadir a los infractores y proteger a las víctimas de calumnia e injuria.
El futuro de la regulación sobre calumnia e injuria en Panamá dependerá de cómo se resuelva esta dicotomía en el proceso legislativo. Ambas propuestas deberán ser discutidas en la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional, lo que pondrá a prueba la capacidad de los legisladores para equilibrar la protección de la libertad de expresión con la dignidad y honra de los individuos.