(Los Fresnos) Esperar semanas, incluso meses, para obtener asilo o ser deportados: este es el destino de los migrantes detenidos en el centro de detención de Port Isabel, Texas, en el sur de Estados Unidos.  

Un destino al que el cierre temporal de la frontera entre Estados Unidos y México, establecido por el presidente Joe Biden desde el miércoles, no cambia nada.

Rodeada de enormes vallas metálicas y alambres de púas, esta antigua base naval en la localidad de Los Fresnos, a pocos kilómetros de la frontera, está casi llena: 1.006 inmigrantes, todos hombres, están actualmente detenidos allí para un máximo de 1.175 plazas.

Las autoridades organizaron allí una visita de los medios de comunicación, sin permitirles hablar con los detenidos.

“Cada caso se juzga por sus propios méritos y siempre que Estados Unidos tenga razones válidas para no deportar a una persona a su país de origen, tenemos la autoridad legal para detenerla”, explica Miguel Vergara, un oficial de la policía de inmigración local.

Sólo los inmigrantes más aislados acaban tras los gruesos muros de este centro de detención. Las familias que ingresan a Estados Unidos y se entregan a los guardias fronterizos generalmente son liberadas rápidamente, a la espera de una comparecencia posterior ante un juez.

Se supone que la vuelta de tuerca de Joe Biden reducirá la presión en la frontera con México, donde llega un número récord de personas de América Latina, África y Asia.  

La orden ejecutiva del presidente impide que los migrantes que entraron ilegalmente a Estados Unidos reciban asilo cuando su número supere los 2.500 por día durante una semana, como es el caso actualmente.

El texto también facilita las expulsiones a México, con algunas raras excepciones.

A pocos meses de unas elecciones presidenciales que enfrentan a un Donald Trump con una retórica violenta contra los inmigrantes, el endurecimiento de Joe Biden no debería reducir la población del centro, según Miguel Vergara.

“Si hay una bajada, es temporal”, cree el directivo. Los cruces fronterizos se realizan cada vez más en la parte occidental de la frontera, en lugar de en Texas, recuerda.  

A su llegada, los inmigrantes son enviados a celdas colectivas con gruesas puertas de metal.  

Allí permanecen un máximo de 12 horas antes de ser clasificados por color: uniforme azul para los hombres sin antecedentes, naranja para los que tienen antecedentes penales, rojo para los considerados peligrosos.

“Tenemos detenidos que representan un riesgo para la seguridad nacional y la seguridad pública, que están intentando evadir los controles fronterizos o que han cruzado la frontera ilegalmente”, explica Miguel Vergara.

Después de un reconocimiento médico, se dividen en sectores según el color de su uniforme. Las cámaras de vigilancia cubren casi todos los rincones del centro.

Según admiten las propias autoridades, el confinamiento puede resultar alienante y las medidas pretenden mitigar sus efectos.  

Los inmigrantes pueden aprender inglés y participar en talleres de canto o guitarra.

Algunos se encargan de cortarles el pelo a sus compañeros u organizar noches de cine. Incluso se emitió una película en chino cuando el centro recibió a un gran número de inmigrantes de China.

Otros matan el tiempo dedicándose a crear murales.

Todos tienen acceso a una cabina privada, donde pueden llamar a un funcionario de inmigración para presentar su solicitud de asilo.

La respuesta se da por escrito. En caso de negativa, es posible apelar: dentro del centro funciona un tribunal. A veces el caso puede llegar hasta la Corte Suprema.

Aquellos que no puedan soportar la espera pueden pedir que los devuelvan a su país, poniendo fin al procedimiento.

Una negativa definitiva es sinónimo de expulsión. Si se concede el asilo, el detenido será finalmente liberado en un plazo de 48 horas.