Ante los retos de la transición ecológica, el actual modelo de financiación del transporte es «inadecuado» y el Estado «en gran medida desvinculado», denunciaron este miércoles en un informe dos senadores, que llaman a «hacer de la movilidad cotidiana una prioridad nacional». Este modelo, basado en gran parte en la cotización obligatoria que deben pagar las empresas de más de 10 empleados y en las cotizaciones de las comunidades, es «inadecuado», afirman los senadores Hervé Maurey (centrista) y Stéphane Sautarel (LR), ponentes de un hecho. misión de búsqueda de las autoridades organizadoras de la movilidad (AOM).

“Los imperativos de la transición ecológica suponen un verdadero shock en la oferta de transporte público diario”, alegan en su informe, recordando que los trayectos entre las aglomeraciones y sus periferias “representan el 7% de las emisiones totales de CO2 en Francia”. Este desafío requiere, según ellos, una inversión global «de más de 100 mil millones de euros» para 2030. De esta suma, Ile-de-France Mobilités (IDFM), la autoridad de transporte de Ile-de-France, necesitará 50 mil millones de euros. , algunos de los cuales ya están asignados, y el transporte local y regional en torno a los 60.000 millones de euros.

Para los senadores, el Estado, que solo financió AOM locales hasta el 1,6% en 2019, debe hacerlo mejor, asignando “medidas presupuestarias acordes con los desafíos”, con, en particular, 700 millones de euros destinados al transporte en zonas poco pobladas hasta 2030. En cuanto a la ecologización de las flotas de autobuses urbanos, los ponentes lamentan que «el gobierno francés esté abandonando económicamente los AOM a su suerte», mientras que la Comisión Europea propone prohibir las ventas de autobuses térmicos, incluidos los que funcionan con gas natural para vehículos.

En cuanto a los RER metropolitanos prometidos en noviembre de 2022 por Emmanuel Macron, los senadores temen “un efecto anuncio del gobierno, cuyo financiamiento será asumido por las comunidades”. Al margen de la subida de los precios del transporte, Hervé Maurey y Stéphane Sautarel abogan por «activar todas las palancas» para evitarlo, apoyándose en la ya programada apertura del ferrocarril a la competencia, «la optimización de las redes de transporte actuales» y una mejor lucha contra el fraude, que podría generar 300 millones al año. Los dos parlamentarios también recomiendan que las concesionarias de autopistas contribuyan más, introduciendo un “impuesto sobre las plusvalías inmobiliarias generadas por nuevas ofertas de transporte”, y un nuevo impuesto sobre las entregas de comercio electrónico.