Ocho personas fueron imputadas este miércoles en París tras el desmantelamiento de un tráfico de cigarrillos de contrabando a nivel europeo por daños estimados por los investigadores en 10 millones de euros, informó este jueves una fuente judicial.

Los sospechosos fueron imputados por tenencia de tabaco sin documentos acreditativos en banda organizada, venta fraudulenta de tabaco al por menor, blanqueo habitual y tenencia de productos falsificados, según la misma fuente. Fueron puestos bajo supervisión judicial, dijo.

Según un informe resumido firmado el martes por investigadores de la comisaría del distrito 18 de París, del que tuvo conocimiento AFP, la investigación estableció que dos franco-tunecinos, los hermanos M., de 34 y 36 años, «habían desarrollado durante muchos años un negocio de economía sumergida desarrollado, especializado en el tráfico de cigarrillos de contrabando. Los clientes se enteraron a través de “una página de Facebook dedicada”, abierta en noviembre de 2019.

Los dos hermanos recibieron apoyo de su madre, A. M., sospechosa de «hacer el banco y enviar dinero en efectivo a Túnez», del padre, J. A., sospechoso de haber gestionado determinados pedidos, y de dos sobrinos a los que los investigadores ven como repartidores. La casa de los hermanos M. en el distrito 18 parecía servir como lugar de almacenamiento pero también de venta.

Para su suministro, los investigadores descubrieron tres sectores, con miembros polacos, moldavos, rumanos, ucranianos o georgianos, todos con base en Seine-et-Marne. Habrían sido «proporcionados por proveedores no identificados vinculados a organizaciones criminales internacionales afiliadas al crimen organizado de habla rusa», según el informe resumido. Los protagonistas, incluidos los hermanos M., fueron detenidos el lunes, puestos bajo custodia policial y sus domicilios registrados.

Los investigadores han valorado los daños en 10,3 millones de euros desde la apertura de la página de Facebook, cifra que cuestiona la defensa. Los sospechosos enfrentan una pena de diez años de prisión y una multa aduanera de hasta diez veces el valor de la mercancía, dijo la fuente judicial.