El juicio de una de las principales y más activas asociaciones de defensa de los derechos de las mujeres en Turquía, acusada de actividades «inmorales», fue aplazado el miércoles al 13 de septiembre, señaló un periodista de la AFP. El juicio comenzó el pasado mes de junio.
Esta fue la tercera audiencia ante un tribunal en Estambul, seguida de representantes de varios consulados europeos (Noruega, Finlandia, Irlanda, Francia).
Un fiscal de Estambul había decidido en abril de 2022 demandar a la plataforma “Detendremos el feminicidio”, que denuncia regularmente la violencia contra las mujeres, y solicitar su disolución por “actividades contra la ley y la moral”. Decenas de manifestantes se habían reunido frente al tribunal para denunciar este juicio bajo pancartas que proclamaban «La plataforma no se detendrá, los asesinatos de mujeres deben».
Según la plataforma que lleva el recuento, al menos 327 mujeres fueron asesinadas en 2022 y 793 resultaron heridas en Turquía, la mayoría a manos de familiares. La asociación, fundada en 2010, ha organizado numerosas manifestaciones por el mantenimiento de Turquía en el Convenio de Estambul, tratado internacional que establece el marco legal e institucional para la lucha contra la violencia de género, del que el país se ha retirado en 2021.
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El gobierno turco justificó su decisión de abandonar el tratado acusándolo de alentar la homosexualidad y amenazar la estructura familiar tradicional. Nursel Inal, una de las líderes de la plataforma fundada en 2010, había denunciado un juicio político cuando se abrió. «Hay un movimiento de mujeres muy organizado en Turquía y creemos que este juicio es un ataque a la lucha de las mujeres por sus derechos», dijo a la AFP.
En el origen del juicio, denuncias presentadas por particulares que acusaban a los miembros de la asociación de “destruir la familia con el pretexto de defender los derechos de la mujer”. Más de 300 abogados de toda Turquía han ofrecido sus servicios para defender la plataforma. Uno de ellos, Aysun Kilic, del Bar Kocaeli (noroeste), rindió homenaje al trabajo de conteo realizado por la plataforma, diciendo que normalmente era “un deber del Estado”.