(Caracas) La fiscalía de Venezuela emitió este miércoles cuatro nuevas órdenes de detención contra personas a las que acusa de estar vinculadas con la muerte de un joven “linchado” durante las protestas opositoras de 2017, al tiempo que reiteró su petición a España de extraditar al principal sospechoso.
Orlando Figuera, de 21 años, fue apuñalado, rociado con gasolina y quemado vivo durante una manifestación contra el gobierno de Nicolás Maduro el 20 de mayo de 2017 en Caracas. Murió unos días después, quemado más del 80 por ciento de su cuerpo.
El gobierno afirma que fue linchado, acusado de “chavista” (propio, favorable a los herederos de Hugo Chávez) y califica su muerte como un “crimen de odio”.
“Luego de una revisión exhaustiva del caso, [la fiscalía] determinó que antes del hecho, la víctima ya había tenido altercados con personas que estaban cometiendo hechos delictivos en esta zona (de la manifestación). Hemos solicitado nuevas órdenes de aprehensión para Ángel Sucre, Kleiver Hernández, Yuber Rodríguez y Elio Carrasquel”, dijo el fiscal general Tarek William Saab en conferencia de prensa.
“Una quinta persona, alias “El Malandrín” (el maleante), está siendo identificada y fue señalada por la víctima […] como una de las personas que lo apuñalaron […], lo que luego le provocó la muerte”, señor Saab. continuado.
Saab destacó que la Fiscalía no ha renunciado a la extradición por parte de España de Enzo Franchini, sospechoso de haber iniciado el incendio contra el cuerpo de la víctima.
“¿Y qué pasa con los derechos humanos de Orlando Figuera? Asesinado, agonizó durante un mes” (14 días en realidad), afirmó Saab. “Esperamos que haya un momento de conciencia, de reflexión por parte de las autoridades políticas del Reino de España y de las autoridades judiciales, y que entiendan que esto no se puede olvidar, que no hay perdón ni olvido”.
Líderes de la oposición y organizaciones de derechos humanos han denunciado fuertes represiones policiales y militares contra las protestas en Caracas y otras ciudades, que dejaron un saldo de unas 125 personas muertas.
La Corte Penal Internacional (CPI) rechazó en marzo una apelación de Venezuela contra su investigación sobre crímenes de lesa humanidad durante estas protestas antigubernamentales.