Mientras el Centro Pompidou reflexiona plenamente sobre su futuro y está a un año de un largo período de cierre por obras, el Tribunal de Cuentas publica un informe muy crítico sobre su gestión. «Una gobernanza interna que no parece acorde con la magnitud de los proyectos», un modelo económico y financiero «difícil de sostener», todo en un contexto de ausencia de reforma en la gestión de los recursos humanos: las quejas de los magistrados, Una montaña de figuras variadas, dan la imagen de un centro cultural lleno de defectos.

Las inmensas obras, previstas entre 2025 y 2030, serán cubiertas en gran medida por el Estado (por un importe estimado por el Tribunal en 358 millones de euros). Pero Laurent Le Bon, presidente del centro, quiere ir más allá, con un proyecto cultural llamado Moviment (nueva ágora, utilización del nivel menos 1 y de la terraza, reorganización de las colecciones, etc.). El movimiento se estima en 180 millones de euros, que el presidente pretende conseguir él mismo, entre mecenas y socios extranjeros. En febrero, este último explicó que ya había reunido 60 millones de euros y había “dividido su proyecto en varios bloques funcionales”. “Para finales de 2025, intentaremos conseguir la mayor cantidad de dinero posible. Si se encuentra que está completo, se completará todo el proyecto. En caso contrario, lo haremos bloque a bloque, dando prioridad a la biblioteca -de la que ya se han financiado 20 millones de euros- y al Ágora, símbolo del cambio”, explicó.

Todo esto «está mal gestionado y la financiación no está asegurada», sentencian los magistrados del Tribunal de Cuentas, para quienes «faltan 169 millones de euros para poner en marcha los trabajos». Según ellos, queda poco tiempo para reunirlos si Laurent le Bon y sus equipos quieren estar en el buen camino para el lanzamiento de los mercados públicos.

Al margen de estas obras titánicas decididas y aprobadas en las altas esferas, Beaubourg lanzó la construcción de un nuevo lugar de reservas, el Centro Pompidou en Isla de Francia. Situado en Massy (Essonne), será tanto un lugar de exposición como de conservación de las 122.000 obras del Museo Nacional de Arte Moderno y del Museo Nacional Picasso. “Su coste se ha disparado”, leemos en el informe. En el contexto de un mercado de asociaciones público-privadas, se produjeron importantes superaciones de las estimaciones iniciales debido a la infravaloración de determinadas partidas de gasto y al contexto inflacionario. En consecuencia, Massy debería representar “más de 254 millones de euros”, cubiertos en parte por las comunidades.

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Hasta aquí los grandes gastos, que se producen en un contexto en el que la asistencia es escasa, ya que la crisis sanitaria no ha ayudado en nada. Con una proporción relativamente baja de visitantes extranjeros (36%) en comparación con otros museos importantes (57 a 70%), el Centro Pompidou no parece bien preparado, en opinión de los magistrados, para aumentar sus propios recursos. Las colaboraciones establecidas en el extranjero (Málaga, Shanghái, Bruselas, próximamente Seúl y Arabia Saudí) han garantizado todavía unos ingresos de 16 millones de euros en 2023. «La cuestión del derecho de entrada se examinará con vistas a su reapertura en 2030», sugiere los magistrados.

Por si acaso, el Tribunal también se ocupa de la gestión del personal del centro (1.000 puestos de trabajo). En su informe anterior, de 2014, señaló “la necesidad de modernizar la gestión de los recursos humanos del establecimiento”. Sin embargo, “casi diez años después, está claro que no se ha llevado a cabo ninguna reforma estructural en este ámbito”, señala. Situación del personal, organización del horario de trabajo de los agentes de turno (incluidos los asistentes de sala), modalidad de diálogo social… «El statu quo ya no parece sostenible», afirma el tribunal. Las grandes huelgas que sacudieron Beaubourg durante 23 días a finales de 2023 parecen darles la razón. La modernización debe convertirse en una prioridad, y el cierre, en una oportunidad para “ponerse al día”, concluyen los magistrados.