Es una creencia bien anclada en el imaginario colectivo: el tabaco y el alcohol matan, pero su consumo aporta al Estado más de lo que le cuesta. Sin embargo, la afirmación es más que inexacta, según una nota del Observatorio Francés de Drogas y Tendencias Adictivas publicada el miércoles. «A pesar de los ingresos de los impuestos que gravan el alcohol y el tabaco y, a pesar de los ahorros de las pensiones de jubilación no pagadas, el costo de la atención supera el monto de estos ingresos», argumenta Pierre Kopp, profesor de economía en la Universidad Paris 1 Panthéon Sorbonne y autor. de la nota

La institución, que se basa en datos recogidos en 2019, estima que los impuestos sobre el tabaco y el alcohol, que recaudaron 13.000 y 4.000 millones de euros respectivamente, son muy inferiores al coste del tratamiento. Éstos ascienden a 7.800 millones para alcohol y 16.500 millones para tabaco, sin contar los gastos misceláneos sociales y de prevención. “El déficit público provocado por el alcohol y el tabaco es de 3.300 millones y 1.700 millones, respectivamente”, cifra el estudio. En cuanto a las drogas ilícitas (cannabis, opioides, cocaína, etc.), por las que el Estado no recauda ingresos, la observación es igual de instructiva: al sumar extremo a extremo el costo de atención, prevención y represión, la factura neta de los servicios públicos financiación supera los 2.000 millones de euros.

La nota es pues salada, y no sólo para el Estado. Toda la sociedad paga caro el consumo de riesgo, ya sea habitual o sólo ocasional. Además del coste para las finanzas públicas, el informe invita a tener en cuenta diversas externalidades, como el valor económico de los años de vida perdidos en caso de muerte prematura -basado en el informe Quinet, que fija el valor del año de vida humana en 115.000 euros-, la pérdida de calidad de vida provocada por diversas enfermedades vinculadas al consumo, y pérdidas de producción para las empresas. Todas estas dimensiones establecen el costo social, es decir, “el valor de los recursos de los que se priva la sociedad a causa de las drogas”. En otras palabras, este indicador “mide el costo monetario de las consecuencias del consumo y tráfico de drogas legales (alcohol y tabaco) e ilegales durante un año promedio de la década”. En 2019, alcanzó un máximo de 156 000 millones de euros para el tabaco, 102 000 millones para el alcohol y 7 700 millones de euros para las drogas ilícitas. Eso es más de 265 mil millones de euros.

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La discrepancia en el “costo social” entre diferentes medicamentos puede resultar sorprendente. Es, sin embargo, lógico: cuanto más “letal” es una droga, mayor es su costo social. El costo externo, es decir, el de vidas perdidas, pérdida de producción y calidad de vida, concentra el grueso del “costo social”, cuando el impacto en las finanzas públicas representa solo una parte marginal. Sin embargo, el coste externo del tabaco es muy superior al del alcohol porque “el número de muertes provocadas por el tabaquismo es un 1,8% superior a la provocada por el consumo de alcohol”. Otra clave de explicación es el número de consumidores diarios o “problemáticos”, estimado en 3,5 millones de alcohol y 13 millones de tabaco. Para las drogas ilícitas, la cuota de adictos es más difícil de establecer. El estudio solo menciona a los usuarios habituales de opioides, que serían 300.000 en Francia.

“La reducción de la mortalidad no se traduce en una caída muy brusca del coste social”, subraya finalmente la nota. Entre 2010 y 2019, las muertes relacionadas con el alcohol, el tabaco y las drogas ilícitas se redujeron en un -16 %, -7 % y -23 % respectivamente. Al mismo tiempo, el costo social del alcohol cayó solo un 11%; el de las drogas ilícitas apenas un 6%. La explicación es aritmética: mejorar la atención a los pacientes aumenta el tiempo de supervivencia y por tanto el coste del tratamiento, al tiempo que contribuye a alargar la vida media de la población. Al llegar, se neutralizan los beneficios de la caída de la mortalidad.

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Aún así, estas “buenas” cifras llamaron la atención de Pierre Kopp, en particular las relacionadas con el tabaco. “Este resultado da señales alentadoras a una política pública que ha permitido reducir significativamente el consumo de tabaco”, destaca el economista, quien durante varios años fue abogado del Comité Nacional contra el Tabaquismo. Recuerda, de paso, que los resultados son menos significativos en cuanto al consumo de drogas ilícitas y alcohol. «La droga empobrece a la comunidad», recordó una vez más el economista a la AFP el miércoles. ¿Se habría anticipado La Bercy a la llamada desde los pies del Observatorio? Hace unas semanas, el alcalde Bruno sugirió que el ejecutivo consideraba seriamente un aumento en los impuestos al alcohol, y esto desde el comienzo del próximo año escolar.