Esta fue una de las principales promesas de simplificación de la ley Pacte de 2019. La ventanilla única iba a revolucionar la vida cotidiana de los líderes empresariales. Durante el último año, en cambio, lo ha estado envenenando. Esta interfaz única entre el gestor y la administración sustituiría las siete redes históricas de Centros de Trámites Empresariales (CFE) donde las empresas debían hasta ahora realizar los trámites relativos a su creación, modificación de su situación y, finalmente, al cese de su actividad. actividad.

La apertura del mostrador estaba prevista para el 1 de enero de 2023. Lamentablemente, desde esta fecha, el portal de Internet ha acumulado importantes retrasos y fallos de funcionamiento. Todas las organizaciones patronales denunciaron una operación muy aleatoria. Hasta el punto de que el Tribunal de Cuentas decidió el verano pasado lanzar una auditoría flash para intentar comprender el origen de estos errores repetidos. Las conclusiones no son amables: «La ley PACTE no fue precedida de un análisis suficientemente profundo de la naturaleza y las condiciones de la reforma», afirman en primer lugar los magistrados, para quienes el plazo inicial de 2023 parece completamente irreal.

El Tribunal también examina la gobernanza y la gestión de la misión. “El Inpi se encargó de la gestión del proyecto sin ningún texto que especificara la organización de la gestión operativa del proyecto”, señala además el informe, que lamenta que estos errores iniciales no comenzaron a corregirse hasta el verano de 2023. Este retraso explica por qué el Tribunal no ve que la situación mejore a corto plazo. “Por tanto, no se puede excluir que el plazo del 1 de enero de 2024 para el uso de la ventanilla única para realizar trámites esté marcado por disfunciones importantes”, argumentan incluso los magistrados.

Gravemente, estos últimos señalan la incapacidad de la administración para revisar su cronograma inicial y reajustar la gobernanza a lo largo del camino. «Por lo tanto, las consecuencias de una reforma insuficientemente preparada y mal llevada a cabo podrían seguir sintiéndose durante varios años sin haber proporcionado a las empresas la simplificación esperada», concluye el Tribunal.