¿Tienen los servicios de inteligencia franceses medios para controlar a todas las personas que constituyen un peligro para la seguridad pública en el territorio? Sobre todo, ¿qué vigilancia debería implementarse para los ex presos radicalizados?
El debate político se ha intensificado tras el ataque al puente Bir-Hakeim. El terrorista en cuestión, Armand Rajabpour-Miyandoab, ya había cumplido cuatro años de prisión, primero en prisión preventiva entre 2016 y 2018 y luego por su condena por asociación criminal terrorista en el caso La Défense, entre 2018 y 2020.
«No culpo a los servicios de inteligencia que hacen un muy buen trabajo, pero… tienen demasiada gente a quien seguir», declaró a la Asamblea Nacional la presidenta del grupo RN, Marine Le Pen, temiendo por los ex presos radicalizados de posible reincidencia. «Si tenemos menos delincuentes extranjeros a los que seguir en nuestro territorio, podremos concentrar nuestros esfuerzos en otros lugares», declaró también el ministro del Interior, Gérald Darmanin, a Le Figaro, planteando explícitamente la cuestión del número de personas potencialmente peligrosas que hay que vigilar. Además de las personas radicalizadas que aún no han actuado, ¿cuántos presos radicalizados están encarcelados hoy y cuántos de ellos son liberados cada año?
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Señalemos en primer lugar que hay dos categorías de personas en prisión afectadas por la radicalización hacia el terrorismo islámico. Por un lado, aquellos a quienes la administración penitenciaria llama “TIS”, por “terroristas islamistas”. Fueron condenados directamente por actos de terrorismo, al igual que Armand Rajabpour-Miyandoab. La otra categoría está representada por los presos de derecho común susceptibles de radicalización, los “DCSR”. Estos últimos, por un lado, son más numerosos y, por otro, cumplen penas de prisión en promedio más cortas.
En 2023, y según cifras del Ministerio de Justicia, 391 presos terroristas se encuentran encarcelados en prisiones francesas. Desde el verano de 2018, 486 detenidos condenados por delitos de terrorismo (TIS) han sido puestos en libertad, recordó recientemente el Ministerio del Interior. De ellos, 84 detenidos por el TIS han sido puestos en libertad desde principios de 2023 y otros dos deberían ser liberados a finales de año. La mayoría de estos “salidos” quedan en libertad después de haber cumplido su condena (89%), quedando los ajustes en este ámbito residuales, explicó una fuente judicial a finales de 2022.
Las previsiones hasta 2027, incluido el año 2023, alcanzan las 196 liberaciones de detenidos terroristas. Sin embargo, hay que aclarar que estas previsiones son «hipotéticas» y están «condicionadas por los plazos de ejecución de la pena», recuerda el Ministerio de Justicia en respuesta a una pregunta formulada el pasado mes de febrero por Éric Ciotti en su calidad de diputado. . En este caso, las previsiones formuladas en un informe del Tribunal de Cuentas en la primavera de 2020 resultaron ser casi la mitad del número de liberaciones registradas a posteriori en promedio. El Ministerio de Justicia también prevé a principios de año, y para el año 2023, la liberación de 52 detenidos condenados por terrorismo. Finalmente, 86 de ellos fueron liberados.
En 2023 habrá 462 presos de derecho común radicalizados en las prisiones francesas. El Ministerio de Justicia no ha comunicado previsiones esta vez, “porque son difíciles de establecer”, afirmó. «Los acusados pueden, en particular, ser puestos en libertad durante su prisión preventiva», justificó el ministerio, lo que, en definitiva, provoca un importante vaivén. Las últimas cifras disponibles al margen de las previsiones indican la liberación de 849 detenidos radicalizados para el año 2019 y 865 para el año 2020, según el informe del Tribunal de Cuentas publicado en 2020.
En total, incluidas las previsiones establecidas por el Tribunal de Cuentas para el período 2020-2022, cerca de 2.800 presos radicalizados por el terrorismo islamista han salido de prisión desde 2018.
