El 9 de septiembre de 2019, un ataque con ácido cambió para siempre la vida de María Elena Ríos, saxofonista oaxaqueña de 24 años. El caso no solo expuso las fallas de un sistema judicial lento, sino que se convirtió en un espejo de la violencia que enfrentan miles de mujeres en México, donde cada año se registran más de mil agresiones con sustancias corrosivas, según datos de la Red Nacional de Refugios. Lo que comenzó como una historia de supervivencia se transformó en un símbolo de resistencia: su lucha por justicia trascendió fronteras y puso en jaque la impunidad que rodea a estos crímenes.
Mientras el país celebraba avances en leyes contra la violencia de género, el caso de María Elena Ríos revelaba una realidad incómoda: incluso con reformas legales, la aplicación de la justicia sigue siendo un laberinto para las víctimas. Su historia resonó desde las calles de Oaxaca hasta foros internacionales, donde activistas la citan como ejemplo de cómo la presión social puede —o no— mover las estructuras de poder. Lo que sigue es el relato de una batalla que va más allá de un nombre: es la radiografía de un sistema donde la justicia tardía a veces se confunde con la injusticia.
El ataque con ácido que sacudió a México y su contexto social
El ataque con ácido contra la música oaxaqueña María Elena Ríos en 2019 no solo dejó secuelas físicas irreparables, sino que expuso una realidad que trasciende fronteras en América Latina: la violencia contra las mujeres como mecanismo de control y castigo. El caso, que conmocionó a México por su crueldad —le arrojaron ácido sulfúrico mientras dormía—, puso en evidencia las fallas en los protocolos de atención a víctimas y la impunidad que rodea estos delitos. Aunque su agresor fue condenado a 50 años de prisión en 2021, el proceso judicial enfrentó retrasos y presiones, reflejando los obstáculos que miles de mujeres en la región enfrentan al buscar justicia.
Ríos se convirtió en símbolo de resistencia al transformar su dolor en activismo. Desde su fundación María Elena Ríos, A.C., ha impulsado reformas legales en México para tipificar los ataques con ácido como delitos graves y garantizar atención médica integral a las sobrevivientes. Su lucha resonó en países como Colombia, donde en 2022 se registraron 103 casos de violencia con ácido según la Fiscalía General, o Perú, que en 2021 aprobó una ley para agravar las penas contra estos ataques. La Organización de Estados Americanos (OEA) ha señalado que, aunque 15 países de la región cuentan con leyes específicas, su aplicación sigue siendo desigual.
Más allá del aspecto legal, el caso de Ríos visibilizó el costo social de estos crímenes. Las víctimas enfrentan no solo daños físicos —que pueden incluir ceguera, desfiguración y discapacidad permanente—, sino también exclusión laboral y estigmatización. Según un informe de la CEPAL de 2023, el 60% de las mujeres que sufren violencia ácida en Latinoamérica abandonan sus estudios o empleos por falta de apoyos. Ríos, quien perdió la visión de un ojo y sufrió quemaduras en el 65% de su cuerpo, ha denunciado cómo el sistema de salud mexicana carece de protocolos especializados para rehabilitación a largo plazo, una situación que se repite en naciones como Argentina o Ecuador.
Su historia, documentada en el libro «El fuego que no me consumió» (2022), trasciende lo individual: es un llamado a entender la violencia con ácido como un problema estructural. Mientras organizaciones como Acid Survivors Trust International reportan un aumento del 20% en estos ataques en la región desde 2020, casos como el de Ríos demuestran que la justicia, aunque lenta, puede abrir caminos. Hoy, su voz sigue siendo clave en foros internacionales, recordando que detrás de cada estadística hay una vida que exige dignidad y reparación.
Los detalles del caso de María Elena Ríos: cronología y responsables
El 19 de septiembre de 2019, María Elena Ríos, saxofonista oaxaqueña de 26 años, sufrió un ataque con ácido que le cambió la vida. El agresor, Juan Antonio Vera Carrizal —exdiputado local del PRI—, le arrojó el líquido corrosivo en la cara y el cuerpo mientras ella dormía en su vivienda en Tlaxiaco. El ataque dejó secuelas permanentes: pérdida parcial de la visión, quemaduras de tercer grado en más del 60% de su rostro y la necesidad de múltiples cirugías reconstructivas. Lo que comenzó como un caso de violencia de género se convirtió en un símbolo de la impunidad que enfrentan las mujeres en México, donde el 93% de los delitos no se resuelven, según datos de Impunidad Cero.
La lucha por justicia de Ríos expuso las fallas de un sistema que protegió a su agresor durante meses. Vera Carrizal, con conexiones políticas, evadió la captura hasta mayo de 2020, cuando un juez lo vinculó a proceso por tentativa de feminicidio. Mientras tanto, Ríos denunció públicamente las presiones para que retirara la acusación, incluyendo ofertas económicas. Su caso resonó en América Latina, donde ataques con ácido —como los registrados en Colombia, Perú y Argentina— suelen quedar impunes. En 2021, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió medidas cautelares a su favor, un reconocimiento internacional a los riesgos que aún enfrentaba.
Hoy, María Elena Ríos sigue en pie. Tras más de 20 cirugías y un largo proceso legal, en 2023 Vera Carrizal fue sentenciado a 50 años de prisión, una condena histórica en un país donde solo el 1.3% de los feminicidios terminan en sentencia, según el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. Ríos transformó su dolor en activismo: creó la fundación María Elena Ríos, AC, que acompaña a víctimas de violencia ácida, y promovió reformas legales para tipificar este delito en Oaxaca. Su historia, aunque extrema, refleja una realidad compartida por miles de mujeres en la región: la violencia no termina con el ataque, sino con la justicia —o con su ausencia.
Tres obstáculos legales que frenaron la justicia en el caso
El caso de María Elena Ríos, la saxofonista oaxaqueña que sobrevivió a un ataque con ácido en 2019, expuso las grietas de un sistema judicial que, en lugar de protegerla, revictimizó a una mujer que ya llevaba años denunciando amenazas. Aunque el agresor, Juan Antonio Vera Carrizal, fue condenado a 50 años de prisión en 2021, el proceso estuvo marcado por obstáculos legales que retrasaron la justicia. Uno de los más críticos fue la falta de protocolos claros para delitos con ácido en México, un vacío que, según datos de la organización Acid Survivors Trust International, afecta a al menos 15 países de la región, donde menos del 40% de los casos logra sentencia.
El segundo escollo fue la revictimización institucional. Ríos denunció en repetidas ocasiones que las autoridades minimizaron sus reportes previos, incluso cuando presentó pruebas de acoso. Este patrón no es exclusivo de México: un informe de la CEPAL de 2022 reveló que, en América Latina, el 68% de las mujeres que denuncian violencia de género abandonan el proceso por desconfianza en el sistema. En el caso de Ríos, la demora en actuar —a pesar de que Vera Carrizal tenía antecedentes por violencia— permitió que el ataque ocurriera. La Fiscalía de Oaxaca tardó meses en emitir una orden de protección efectiva, un error que, para especialistas como la abogada feminista Alda Facio, refleja cómo los sistemas judiciales aún tratan la violencia contra las mujeres como un «conflicto privado» y no como un delito de Estado.
El tercer obstáculo fue la impunidad económica. Vera Carrizal, exdiputado local con conexiones políticas, usó recursos para dilatar el proceso, desde amparos hasta cambios de abogados. Este mecanismo es común en la región: según Transparencia Internacional, en países como Colombia, Guatemala y Perú, el 30% de los casos de violencia de género contra mujeres en cargos públicos o con agresores de alto perfil queda en la impunidad por influencias externas. Ríos, sin embargo, logró romper ese ciclo gracias a la presión social y mediática, algo que pocas víctimas consiguen. Su caso se convirtió en un símbolo, pero también en un recordatorio de que la justicia, cuando llega, suele hacerlo tarde y después de una batalla agotadora.
Cómo apoyar a víctimas de violencia de género desde la sociedad civil
El ataque con ácido contra la saxofonista oaxaqueña María Elena Ríos en 2019 sacudió a México y puso en evidencia las fallas sistémicas en la atención a víctimas de violencia de género. Con solo 27 años, Ríos sufrió quemaduras graves en más del 60% de su cuerpo tras ser rociada con sulfúrico por un agresor vinculado a su expareja, un crimen que expuso la impunidad en casos de violencia extrema. Aunque el responsable fue sentenciado a 45 años de prisión en 2022, el proceso judicial estuvo marcado por irregularidades, como la liberación inicial del agresor bajo fianza, lo que generó protestas masivas bajo el lema #JusticiaParaMaríaElena.
El caso de Ríos no es aislado en la región. Según datos de la CEPAL, al menos 4,473 mujeres fueron víctimas de feminicidio en América Latina durante 2022, mientras que los ataques con ácido —una forma de violencia que busca anular la autonomía de las mujeres— han aumentado en países como Colombia, Perú y Argentina. Lo distintivo en el caso mexicano fue la movilización ciudadana: colectivas feministas, artistas como Lila Downs y hasta la Orquesta Filarmónica de la UNAM se sumaron a campañas para costear sus tratamientos médicos, que superaron los 300,000 dólares. Este apoyo económico y emocional demostró cómo la sociedad civil puede compensar, en parte, las carencias institucionales.
Más allá de la solidaridad espontánea, el caso dejó lecciones concretas. Organizaciones como Red Nacional de Refugios en México y Casa de la Mujer en Colombia destacan tres acciones clave para replicar: crear fondos permanentes de emergencia para víctimas (como el establecido por el gobierno de Oaxaca tras el ataque), exigir protocolos claros para delitos con ácido —hoy solo cinco países de la región los tipifican— y formar redes de acompañamiento legal. Ríos, quien hoy toca nuevamente el saxofón y estudia derecho, se ha convertido en símbolo de resiliencia, pero también en recordatorio de que la justicia rara vez llega sin presión social organizada.
Recursos legales y psicológicos disponibles para sobrevivientes en México
El ataque con ácido contra María Elena Ríos en 2019 no solo dejó secuelas físicas profundas en la saxofonista oaxaqueña, sino que expuso las fallas sistemáticas en la atención a víctimas de violencia por razón de género en México. El caso, que ganó visibilidad internacional, reveló cómo la impunidad y la revictimización institutional retrasan —o incluso impiden— el acceso a la justicia. Aunque un juez sentenció en 2021 a 50 años de prisión a su agresor, el exdiputado Juan Antonio Vera Carrizal, Ríos enfrentó durante años la indiferencia de autoridades, la falta de protocolos médicos especializados y la estigmatización pública.
Su lucha trascendió lo personal cuando, junto con colectivas feministas, impulsó reformas legales en Oaxaca para tipificar los ataques con sustancias corrosivas como delito grave. Datós de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) señalan que, entre 2018 y 2022, se registraron 1,200 agresiones con ácido en el país, pero solo el 12% llegó a sentencia. Ríos se convirtió así en un símbolo de resistencia, usando su plataforma para exigir no solo justicia para su caso, sino también políticas públicas que garanticen reparación integral: desde cirugías reconstructivas hasta apoyo psicosocial y económico. Su fundación, María Elena Ríos A.C., ahora acompaña a otras sobrevivientes en trámites legales y en la búsqueda de tratamiento médico en hospitales como el Dr. Manuel Gea González en Ciudad de México, donde se atienden quemaduras complejas.
El impacto del caso también resonó en la región. En Colombia, por ejemplo, la Ley 1761 de 2015 —conocida como «Ley Rosa Elvira»— ya establecía penas de hasta 50 años por ataques con ácido, pero fue la movilización de Ríos la que inspiró a activistas peruanas a presionar por protocolos similares en 2020. Según la Organización de Estados Americanos (OEA), la violencia con sustancias corrosivas es un fenómeno en crecimiento en al menos ocho países de Latinoamérica, vinculado a patrones de violencia machista y a la disponibilidad de ácidos en mercados informales. Ríos, ahora con más de 40 cirugías reconstructivas, sigue denunciando que la justicia no termina con una sentencia: requiere seguimiento médico de por vida y programas de reintegración laboral, temas aún pendientes en la agenda pública.
El legado de María Elena Ríos: cambios pendientes en la ley mexicana
El ataque con ácido contra la música saxofonista María Elena Ríos en 2019 no solo dejó secuelas físicas y emocionales en su vida, sino que expuso las grietas de un sistema judicial mexicano lento para responder a la violencia de género. El caso, que ganó visibilidad internacional, reveló cómo los protocolos de atención a víctimas de agresiones con sustancias corrosivas —un delito en aumento en países como Colombia, Perú y Argentina— carecen de uniformidad en la región. Según datos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), entre 2018 y 2022 se registraron más de 1,200 ataques con ácido en América Latina, con México entre los cinco países con mayor incidencia.
Ríos se convirtió en símbolo de resistencia al exigir justicia mientras enfrentaba obstáculos: desde la demora en la captura de su agresor hasta la falta de acceso a tratamientos médicos especializados. Su lucha trascendió fronteras y presionó al Congreso mexicano para reformar el Código Penal en 2021, elevando las penas por este tipo de violencia. Sin embargo, organizaciones como Amnistía Internacional señalan que persisten vacíos legales. Por ejemplo, solo 14 de los 32 estados mexicanos tipifican el ataque con ácido como delito autónomo, lo que dificulta su persecución.
El impacto del caso también puso en evidencia la necesidad de protocolos regionales. Mientras en países como Bangladesh o India existen leyes específicas y fondos para la rehabilitación de víctimas, en Latinoamérica las respuestas son dispersas. La Organización de Estados Americanos (OEA) ha instado a sus miembros a armonizar marcos legales, pero la implementación avanza a ritmos desiguales. Para Ríos, la justicia llegó parcialmente con la condena de 50 años a su agresor en 2023, aunque su historia sigue siendo un recordatorio de que la prevención y la reparación integral siguen pendientes.
El caso de María Elena Ríos expuso las grietas de un sistema que falla a las mujeres: la impunidad, la revictimización y la lentitud judicial que perpetúan la violencia. Su lucha no es solo por justicia personal, sino un reflejo de la batalla que miles enfrentan en México y la región, donde el 98% de los feminicidios quedan impunes. Exigir transparencia en las investigaciones, apoyar redes de abogadas especializadas y presionar por reformas que agilicen los procesos son acciones concretas que pueden romper este ciclo. Que su resistencia —y la de tantas— no quede en el olvido, sino que impulse un cambio donde la justicia deje de ser un privilegio y se convierta en un derecho real para todas.
