La organización de formación del Partido Comunista Francés (PCF) está en el centro de una investigación desde 2017 por sospecha de malversación de fondos públicos, en particular entre 2011 y 2019, supo el jueves de una fuente judicial, confirmando una información de Mediapart. Según una fuente cercana al caso, la justicia sospecha la existencia de un sistema organizado de financiamiento del PCF a través del Centro de Información, Documentación, Estudio y Capacitación de Electos (Cidefe), gracias a créditos para la formación de funcionarios electos de comunidades comunistas.
La Fiscalía Financiera Nacional (PNF) abrió por primera vez una investigación preliminar en 2017 tras una denuncia enviada por el Tribunal de Cuentas. Esto se produjo tras el examen por parte de la cámara de cuentas regional de Auvernia-Ródano-Alpes de la gestión de Givors (Ródano) y Fontaine (Isère), entonces dirigida por funcionarios comunistas electos. En su informe de 2017 sobre Givors, la cámara de cuentas regional señaló que “la formación de los cargos electos la proporciona principalmente Cidefe”.
Los cursos de formación se «realizaron sobre la base de un acuerdo firmado por el alcalde», una suma global pagada por el municipio antes de su realización, independientemente del número final de participantes. “Un sistema de este tipo socava en cierta medida el principio de libre elección de los funcionarios electos de las organizaciones de formación autorizadas e ignora los principios de la contratación pública”, según la Cámara de Cuentas regional. Su informe también señala que el primer diputado y un concejal municipal eran respectivamente presidente y administrador de la filial departamental de Cidefe.
Según una fuente cercana al asunto, Cidefe está apuntando a los ayuntamientos comunistas para que firmen convenios de formación o formación reglada. La justicia sospecha que la organización «subvenciona» a sus secciones departamentales, que transfieren una gran parte de los fondos a las federaciones departamentales del PCF en concepto de alquiler y suministro de material, por varios cientos de miles de euros. Las búsquedas se realizaron en 2018 y luego en 2019.
Las investigaciones fueron confiadas posteriormente a un juez de instrucción en febrero de 2020, por sospechas de apropiación ilegal de intereses, malversación de fondos públicos, abuso de confianza, abuso de activos empresariales, quiebra por apropiación indebida de activos y encubrimiento de estos delitos. En febrero de 2022 se llevaron a cabo nuevas búsquedas. En esta etapa, nadie es acusado ni sometido a la condición de testigo asistido.
