«Gravar menos» a los combustibles en caso de aumento del precio del petróleo, «y más en caso de caída»: esta es la propuesta formulada el lunes por Terra Nova, tras semanas de acalorados debates sobre el precio en el surtidor. “En caso de un aumento en los precios internacionales del barril, la tasa impositiva podría disminuir para mitigar el impacto en los precios en el surtidor. Por el contrario, el tipo impositivo aumentaría cuando los precios bajen, para preservar el incentivo a la descarbonización”, explica el economista climático Quentin Perrier en una nota que el grupo de expertos clasificados en la izquierda debe publicar durante el día, mientras los precios de los combustibles coquetean con 2 euros por litro.
La medida ya existía en Francia entre 2000 y 2002, bajo el gobierno de Jospin, bajo el nombre de “TIPP flotante”. Pero este sistema adolecía de “tres fallos importantes”: su gobernanza (cada subida o bajada de impuestos debía ser votada por el Parlamento), su complejidad y su lentitud para reflejarse en las estaciones de servicio.
Para remediar esta situación, la nota sugiere definir cada año en la ley de finanzas una escala que haría fluctuar automáticamente el tipo de los impuestos sobre el combustible en función del precio del barril. Gracias a este mecanismo que no requiere votación, las gasolineras podrían ajustar el precio en el surtidor «semanalmente», «en función de los precios del barril observados en los mercados internacionales». Por ejemplo, si Francia hubiera adoptado un sistema que amortiguara la mitad de cada aumento del precio del barril mediante recortes de impuestos, el precio del diésel no habría superado los 1,73 euros por litro en 2022, calcula Quentin Perrier.
Con tal nivel de precios, «podemos prever» que los costosos descuentos en el surtidor decididos por el gobierno «no hubieran sido necesarios». La modulación de los impuestos sobre los combustibles tendría un coste «probablemente limitado» para las finanzas públicas, afirmó además, mientras que el reembolso en el surtidor de 2022 costaría «casi 8.000 millones de euros».
Ante el aumento de los precios de los combustibles, varios distribuidores se han comprometido recientemente a venderlos sin margen y TotalEnergies ha limitado su precio a 1,99 euros el litro. El Gobierno ha concedido un cheque de 100 euros, sujeto a condiciones de ingresos, a los franceses que utilicen su coche para ir a trabajar. Su coste se estima en menos de 500 millones de euros.
