La Comisión Europea propuso el miércoles a los Estados miembros renovar por diez años, bajo condiciones, la autorización del glifosato en la UE, tras un informe de un regulador que estimaba que el nivel de riesgo no justificaba la prohibición de este controvertido herbicida. La propuesta del ejecutivo europeo, disponible en línea, será examinada el viernes por representantes de los Veintisiete, que luego deberán validarla por una mayoría cualificada de los Estados miembros durante una reunión el 13 de octubre.
La actual autorización del glifosato en la UE, renovada en 2017 por cinco años, expiró el 15 de diciembre de 2022, pero fue prorrogada por un año a la espera de una evaluación científica del herbicida. A principios de julio, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) publicó finalmente su informe, indicando que no había identificado ninguna “área crítica de preocupación” en humanos, animales y medio ambiente que pudiera impedir su autorización.
La propuesta de la Comisión autoriza el uso de glifosato hasta el 15 de diciembre de 2033, es decir, por un período dos veces mayor que la autorización anterior, pero inferior al período de 15 años inicialmente previsto. Sin embargo, las condiciones de uso del herbicida deben ir acompañadas de “medidas de mitigación de riesgos” relativas al entorno de las zonas fumigadas, en particular mediante el establecimiento de “franjas de protección” de 5 a 10 metros y el uso de equipos para reducir drásticamente “ deriva de aspersión”. Asimismo, Bruselas fija niveles límite para determinadas “impurezas” del glifosato. La EFSA también había observado «un alto riesgo a largo plazo en los mamíferos» para la mitad de los usos propuestos del glifosato y reconoció que la falta de datos impedía cualquier análisis definitivo.
Lea tambiénAcceso, sequía, contaminación… Cuando el derecho de aguas se ahoga en su complejidad
Para tener esto en cuenta, la Comisión insta a los Estados, responsables de emitir autorizaciones a nivel nacional y fijar las condiciones de uso según las especificidades locales, a “prestar especial atención” a los efectos sobre el medio ambiente. Por lo tanto, se les exigirá que examinen los “coformulantes” (otros componentes presentes en los herbicidas autorizados) y evalúen la exposición de los consumidores a “residuos que puedan estar presentes en cultivos sucesivos cultivados en rotación”. Asimismo, se llama a los Estados a prestar atención al impacto sobre los pequeños mamíferos, considerando “de ser necesario” medidas de mitigación o restricciones. Si identifican posibles efectos indirectos sobre la biodiversidad, tendrán que examinar si son posibles otros métodos de protección de cultivos y podrán adoptar restricciones también en estos casos. Por último, deberán garantizar la protección de las aguas subterráneas que puedan quedar expuestas por infiltración, así como de las aguas superficiales, en particular las utilizadas para la recogida de agua potable. Por otro lado, ahora está prohibido el uso para desecación (esparcir glifosato para secar un cultivo antes de la cosecha).
El glifosato, sustancia activa de varios herbicidas -entre ellos el famoso Roundup de Monsanto, ampliamente utilizado en todo el mundo- fue clasificado en 2015 como «probable carcinógeno» para los seres humanos por la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer de la Organización Mundial de la Salud. Por el contrario, la Agencia Europea de Sustancias Químicas (ECHA) dictaminó el año pasado que la evidencia científica disponible no permitía clasificar el glifosato como carcinógeno.
