Varios miles de manzanos fueron saqueados durante la noche del jueves al viernes en el huerto de un agricultor del Tarn en conflicto con organizaciones ecologistas, según supo la Agence France-Presse a través de la fiscalía de Castres, pero no se ha formulado ninguna denuncia. La fiscalía de Castres abrió una investigación por «degradación en una reunión», al considerar que la magnitud del daño era tal que no podía haber sido realizado por un solo individuo. El daño se observó en tres hectáreas, según la prefectura, mientras que la acusación precisa que se está realizando un recuento de la cantidad de árboles afectados.
El administrador de esta huerta ubicada en la localidad de Lavaur lleva unos dos años en conflicto con las organizaciones ecologistas locales: en abril de 2021 había encendido fuegos de brasero para proteger sus árboles de las heladas y los humos habían intoxicado a una veintena de vecinos, lo que llevó a una movilización y una denuncia del alcalde Les Républicains, Bernard Carayon.
El sábado 1 de julio se había vuelto a realizar una manifestación en Lavaur a la convocatoria del colectivo Vrais Nature Environnement para denunciar la degradación de ciertas parcelas orgánicas del huerto, creyendo que el fruticultor volvía así «a todos los productos químicos». El alcalde Bernard Carayon sostiene que este hecho tiene «un vínculo directo» con el arranque de vástagos de manzano. “Sabemos que viene de algunos de los manifestantes”, aseguró a la AFP, lamentando “una obsesión de ecologistas radicales desde hace un año contra estas huertas”.
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Una acusación retomada en particular por el colectivo Salvemos las frutas y verduras de Francia, que reúne a horticultores y arboricultores. “Es hora de hacer que estos activistas ambientales paguen cada euro del daño sufrido”, indicó el colectivo en Twitter. “No es una acción de la asociación, no es nuestro modus operandi”, defendió a la AFP Olivier Chollet, uno de los representantes de VNE. “Deploramos esta acción y nos causa daño, hacemos un llamado al apaciguamiento”, agregó. Por su parte, la prefectura “condena enérgicamente este acto” pero no establece ninguna conexión con la manifestación de dos semanas antes, como tampoco lo hace la fiscalía de Castres, que considera que los elementos “no permiten determinar” si los activistas ambientales en son los autores.