El gobierno colombiano y la principal facción disidente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) anunciaron el domingo 8 de octubre el aplazamiento de un alto el fuego previsto y de las conversaciones de paz durante más de una semana, en medio de crecientes tensiones.
Las conversaciones, cuyo inicio está previsto para el domingo en Tibú, en la frontera oriental del país, comenzarán el 16 de octubre, informaron representantes del presidente Gustavo Petro y del grupo escindido de las FARC conocido como «EMC-FARC» (por «estado»). ) que rechaza el acuerdo de paz firmado en 2016 con la guerrilla marxista. El alto comisionado del gobierno para la paz, Danilo Rueda, también dijo que el alto el fuego bilateral, anunciado el mes pasado, entraría en vigor el 16 de octubre.
Sus declaraciones fueron abucheadas en Tibú, donde miles de personas habían acudido para presenciar la apertura de las negociaciones de paz. Los últimos meses han estado marcados por una renovada actividad de este grupo rebelde contra las fuerzas de seguridad, que ha dejado al menos 22 muertos. El gobierno ha condenado periódicamente estas acciones, y el presidente Gustavo Petro las considera en particular un intento de los disidentes de asegurar su control sobre las zonas de tráfico de drogas.
Los disidentes del EMC, estimados en cerca de 3.500 hombres a finales de 2022 según cifras oficiales, han agrupado en los últimos meses varios otros “frentes” que operan en diversas regiones de Colombia, anteriormente ocupadas por las FARC y también abandonadas por las fuerzas gubernamentales.
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Por su parte, muy aplaudido en Tibú, territorio donde la guerrilla tiene fuerte presencia, el portavoz de la EMC, Andrey Avendaño, estimó que el camino hacia la paz con el gobierno será largo. «Estamos plenamente convencidos de que es a través del diálogo y una solución política que podremos resolver los diversos problemas», afirmó.
Petro, el primer presidente de izquierda de Colombia y ex guerrillero, busca dar a los disidentes una segunda oportunidad de deponer las armas después de su rechazo al histórico acuerdo de paz de 2016. Quiere poner fin a seis décadas de conflicto armado mediante la paz. negociaciones con todos los grupos armados ilegales: disidentes de las FARC, la guerrilla guevarista del Ejército de Liberación Nacional (ELN), pero también paramilitares y varios grupos criminales.