El jubilado español acusado de enviar cartas bomba a las embajadas de Ucrania y Estados Unidos, así como al presidente del gobierno socialista, Pedro Sánchez, a finales de 2022 compareció este lunes ante un tribunal de Madrid, donde se enfrenta a más de veinte años de prisión. Pompeyo González Pascual, un septuagenario prorruso del norte de España que se opuso a que los países occidentales ayudaran a Ucrania a defenderse de la invasión rusa, está siendo procesado por terrorismo que causa lesiones y por fabricación de artefactos explosivos.
El fiscal pidió contra él 22 años de prisión penal. Su juicio, que se celebra ante la Audiencia Nacional, el juzgado de Madrid encargado de los casos más graves, incluidos los de terrorismo, está previsto que se prolongue hasta el jueves.
Pompeyo González Pascual, vestido con camisa de cuadros de manga corta y pantalón gris, escuchó este lunes en silencio el resumen de los hechos que le imputa el juez Alfonso Guevara, antes de que hablaran los peritos. Este jubilado había enviado a finales de 2022 seis cartas con explosivos al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a su ministro de Defensa, a las embajadas de Ucrania y Estados Unidos, a una empresa armamentística que fabrica lanzagranadas donada por Madrid en Kiev, y en una base militar española. Al abrir una de estas cartas, un guardia de seguridad de la embajada de Ucrania en Madrid resultó levemente herido por la explosión. Las demás cartas fueron interceptadas por personal de seguridad de los lugares en cuestión.
Según la fiscalía, este jubilado se oponía al apoyo a Ucrania anunciado por Madrid y Washington tras la invasión rusa y habría buscado «modificar estas posiciones» y desestabilizar la «convivencia pacífica de la sociedad española». Un experto que examinó los dispositivos informáticos del acusado aseguró el lunes al tribunal que había encontrado rastros de «consultas de sitios de Internet» dedicados a la fabricación de «artefactos explosivos», pero también de «canales de propaganda mediática vinculados al conflicto ruso-ucraniano».
Detenido y puesto en prisión preventiva en enero de 2023, finalmente se le concedió la libertad condicional, ya que un juez dictaminó que no había riesgo de destrucción de pruebas ni indicios de reincidencia, ya que los antecedentes penales del acusado eran vírgenes. Este juez también aseguró que no había «ningún indicio» de que el sospechoso hubiera actuado en relación con «un grupo terrorista organizado».
