El Consejo Judicial de Quebec entierra el hacha con el gobierno de Legault. El organismo encargado de velar por la buena conducta de los jueces retiró el martes un recurso judicial relativo a la exigencia del bilingüismo entre los jueces. Una cruzada que le costó millones al estado.

El Consejo Judicial de Quebec y el Tribunal de Quebec acudieron a los tribunales en 2022 para invalidar las disposiciones relativas a la selección de jueces. Defendieron el derecho a exigir jueces bilingües en determinados distritos, una cuestión de independencia judicial.

Las relaciones eran entonces muy tensas entre el Consejo Judicial de Quebec y el Tribunal de Quebec –dirigido por la Presidenta del Tribunal Supremo Lucie Rondeau– y el Ministro de Justicia Simon Jolin-Barrette. Este último lamentó que la organización que se ocupa de la formación y la disciplina de los jueces gaste millones de dólares en litigios contra el gobierno.

Según datos hechos públicos durante el estudio de las asignaciones para 2024-2025, el Consejo Judicial gastó 4,5 millones de dólares en litigios, en comparación con sólo 1,4 millones de dólares en desarrollo judicial.

Sin embargo, la situación cambió el año pasado tras el nombramiento del nuevo presidente del Tribunal Supremo, Henri Richard. En diciembre, el Tribunal de Quebec y la ministra Jolin-Barrette llegaron a un acuerdo para poner fin a este litigio. Básicamente, Quebec ahora puede nombrar jueces monolingües de habla francesa prácticamente en toda la provincia. Se establece un sistema de proporción de jueces bilingües.

Sin embargo, el Consejo Judicial de Quebec se negó a retirarse de la acción civil. Una situación sorprendente ya que el presidente del Tribunal de Quebec, Henri Richard, es el presidente de facto de la organización. Según el Consejo, el acuerdo no resolvió “completamente” las cuestiones de independencia judicial y separación de poderes en el centro de la disputa.

Pero seis meses después, el caso finalmente terminó con la retirada del Consejo de la Magistratura.