La Fiscalía Nacional Financiera (PNF) abrió este jueves 4 de mayo una investigación judicial, en particular sobre sospechas de “malversación de fondos públicos” en el manejo del fondo Marianne, creado en 2021 para luchar contra el separatismo, dijo la PNF, confirmando una información de France Inter. La información judicial se refiere en particular a los delitos de malversación de fondos públicos, malversación de fondos públicos por negligencia, abuso de confianza y toma ilegal de intereses, precisó el PNF a la AFP.
La gestión de este «Fondo Marianne para la República», puesto en marcha por la ministra Marlène Schiappa pocos meses después del asesinato del profesor Samuel Paty, había sido objeto de varios informes a los tribunales tras artículos de prensa. Cuando se creó en abril de 2021, este fondo tenía la ambición de «financiar a personas y asociaciones que se pronuncien para promover los valores de la República y luchar contra el discurso separatista, particularmente en las redes sociales y plataformas en línea», según a Marlène Schiappa. Sin embargo, a finales de marzo, el semanario Marianne y France 2 difundieron una investigación conjunta que sacó a la luz su opaca gestión.
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Según sus investigaciones, la principal beneficiaria del fondo, la asociación USEPPM, con su dotación de 355.000 euros, solo alimentaba una web y publicaciones con poco seguimiento en redes sociales. También se utilizaron unos 120.000 euros para pagar a dos de sus exdirigentes. El sitio de Mediapart reveló entonces que varias personalidades de izquierda habían sido denigradas en contenidos publicados en línea por otra estructura beneficiaria del fondo, «Reconstruir lo común», que obtuvo 330.000 euros.
Un primer informe lo emitió Christian Gravel, titular del Comité Interministerial para la Prevención de la Delincuencia y la Radicalización (CIPDR), a quien se le había encomendado el procedimiento de selección de las asociaciones subvencionadas y cuyo papel se cuestiona en las investigaciones periodísticas. Otros dos informes fueron enviados a la justicia por la alcaldesa del PS de París Anne Hidalgo y la jefa de diputados de La France insoumise Mathilde Panot. Para la diputada, «los hechos son graves y cuestionan la responsabilidad de Marlène Schiappa en la creación, uso y control de estos fondos públicos».
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Por su parte, Marlène Schiappa fustigó las «calumnias». En particular, indicó el 27 de abril en Twitter que su abogado “demandaría por difamación a todos aquellos que le imputen indebidamente una acción de favoritismo”. La Secretaría de Estado de Ciudadanía también indicó que había solicitado a la Inspección General de la Administración (IGA) una auditoría de este expediente. Finalmente, la Comisión de Hacienda del Senado, dominada por la oposición de derecha, pidió este miércoles que se le otorguen las prerrogativas de una comisión de investigación para investigar este expediente.
