El juez del juicio federal contra el expresidente estadounidense Donald Trump, procesado por sus presuntos intentos de anular los resultados de las elecciones de 2020, le prohibió el lunes 16 de octubre cualquier comentario público dirigido a fiscales, personal del tribunal y testigos.
Al final de una audiencia de más de dos horas ante un tribunal de Washington, la jueza Tanya Chutkan aceptó en parte una petición del fiscal especial Jack Smith, blanco habitual de ataques en las redes de Donald Trump, que lo califica sistemáticamente de “loco” y sus colegas como “matones”. «Esto no se le permitiría a ningún otro acusado y no lo permitiré en este caso», dijo la juez, anunciando que su decisión escrita, dirigida tanto a la fiscalía como a la defensa, se publicaría más tarde ese mismo día.
Por otra parte, rechazó la petición de la fiscalía relativa a las críticas dirigidas a la capital federal y a su población, o a la administración de Joe Biden, incluido su Departamento de Justicia, apodado por Trump «Departamento de Injusticia».
La candidatura del acusado a las elecciones presidenciales de 2024 «no le da carta blanca para vilipendiar a los funcionarios que simplemente hacen su trabajo», afirmó el juez. Durante los debates, citó repetidamente las críticas virulentas publicadas por el acusado en las redes sociales, contra él o hacia Washington y sus habitantes, entre los que se elegirán los futuros jurados del proceso. Escuchó a ambas partes por turno para determinar qué tipo de comentario debía autorizar o prohibir.
De este modo se le permitirá atacar a su ex vicepresidente Mike Pence a nivel político, pero no por su condición de testigo potencial en este caso.
Como era de esperar, el magistrado volvió a desestimar las solicitudes de la defensa de aplazar el juicio, que debía comenzar el 4 de marzo de 2024. “Este juicio no estará sujeto al calendario electoral”, afirmó. «Una solución sencilla sería celebrar este juicio después de las elecciones y resolver el problema», argumentó John Lauro, abogado de Donald Trump.
Para la fiscalía, la fiscal Molly Gaston destacó el riesgo de que «el juicio se celebre en la plaza pública y no en este tribunal» y de «contaminación del jurado antes de su constitución». En septiembre, la jueza Chutkan rechazó una solicitud de los abogados de la expresidenta para inhibirse, reafirmando su imparcialidad.
En la campaña para retomar la Casa Blanca, Donald Trump atribuye sus problemas legales a la administración demócrata del presidente Joe Biden, a quien podría encontrar en su camino en 2024 para vengarse de las elecciones de 2020.