Tras su aprobación en el Senado, el presupuesto de la Seguridad Social retoma su recorrido legislativo en la Asamblea el jueves 23 de noviembre y, como era de esperar, debería ser rápidamente objeto de un nuevo 49,3, el 18º desde el nombramiento de Elisabeth Borne al frente del gobierno.

Los diputados examinarán en segunda lectura la parte «ingresos» del proyecto de ley de financiación de la seguridad social (PLFSS), antes de una segunda aprobación en el Senado y su adopción final en la Asamblea a finales de año.

Adoptado sin votación en primera lectura mediante el arma constitucional del 49,3, este presupuesto “está plenamente en línea con (la) trayectoria de control del gasto público” del gobierno, sin ser “sinónimo de austeridad”, según el Ministro de Cuentas Públicas Tomás Cazenave. El déficit de la “Secu”, fijado en 8.800 millones de euros en 2023 y 10.700 millones en 2024 según las últimas previsiones del gobierno, podría alcanzar los 17.500 millones en 2027.

Este proyecto de ley fue adoptado por los senadores el martes en una versión sustancialmente revisada, pero el gobierno debería prestar poca atención a estas modificaciones. Así, sobre uno de los puntos más sensibles del texto, el de la retirada prevista por el Estado de los excedentes del plan de pensiones Agirc-Arcco, los senadores votaron a favor de una enmienda destinada a “garantizar la libertad de gestión” a los interlocutores sociales. quienes son responsables de ello. Pero la relatora del texto ante la Asamblea, Stéphanie Rist (Renacimiento), propone «volver a la versión inicial» del texto gubernamental, afirmó a la AFP. El Gobierno ha renunciado «a estas alturas» a recurrir a este sistema de pensiones, pero espera que los propios interlocutores sociales establezcan una contribución destinada a mejorar las pensiones más pequeñas.

Otro tema especialmente delicado es el de las franquicias médicas. El Senado había decidido someter a la opinión previa de las comisiones de asuntos sociales las modificaciones previstas sobre los importes de las franquicias o contribuciones fijas que quedan a cargo del asegurado sobre sus gastos de salud. La señora Rist “propondrá retirar esta medida”.

El uso repetido del 49,3 para los textos financieros puede haber creado cierta amargura entre los diputados en las últimas semanas, incluidos los de la mayoría. El miércoles, la Asamblea adoptó sin 49,3 el proyecto de ley de fin de la gestión, una excepción bien recibida incluso en las filas de La Francia insumisa. Esto es «la prueba de que cuando el gobierno es constructivo, cuando busca un compromiso con su oposición, existe la posibilidad de debatir e incluso de llegar a la adopción de un texto», aplaudió el presidente de la comisión de finanzas, Éric Coquerel.