Dos muertos. El primero, Tony Moulon, murió un año después de presentar la denuncia; el segundo, Jean-Laurent Paolini, solo unas semanas después de ser entrevistado por los gendarmes. Padecían cáncer de pulmón, reconocido en este caso como enfermedad profesional. Este es todo el tema del juicio de Robert Martin, un septuagenario y exjefe de servicio de la ciudad de Marsella encargado del mantenimiento de edificios, al que se acusa hoy de no haber alertado durante dos años de la presencia de amianto en las paredes de La Criée, teatro situado en el Puerto Viejo donde trabajaban los dos hombres fallecidos.

Robert Martin fue juzgado por homicidio y lesiones involuntarias, poner en peligro la vida de otros y por el uso de una falsificación que, según la acusación, sirvió para encubrir sus errores, informa Le Monde. El jubilado, que estuvo cuarenta y tres años en el ayuntamiento de Marsella, impugnó ante los jueces su responsabilidad en las dos muertes. También niega su responsabilidad en las enfermedades del amianto de las que son víctimas otros dos empleados del teatro. El hombre fue condenado a tres años de prisión, uno de ellos bajo vigilancia electrónica en su domicilio, y una multa de 30.000 euros el miércoles.

En 2006, un diagnóstico transmitido a Robert Martin atestiguó la presencia de un revestimiento de yeso de amianto, Progypsol, en las paredes del edificio. El producto es cancerígeno. El informe hizo una estancia de dos años en el ayuntamiento de Marsella, donde aterrizó en los cajones del Servicio Nacional de la Construcción Sur, dirigido por Robert Martin. Sin embargo, un decreto en vigor desde 2001 obligaba a transmitir rápidamente el diagnóstico al teatro, a más tardar el 29 de diciembre. Se transmitirá el 27 de noviembre de 2008. Robert Martin afirma que la peritación anterior ya se transmitió por correo en 2006. Hasta el momento nada ha permitido verificarla.

Los gendarmes, en cambio, se toparon con una carta fechada el 29 de diciembre de 2006 firmada por Robert Martín, que habría acompañado el envío del peritaje al teatro. Para la fiscal Marion Chabot, es falso. La carta habría sido escrita y añadida a posteriori en los archivos del servicio. Según el fiscal citado en Le Monde, Robert Martin «trató de borrar las pruebas de su propia culpa en detrimento de la salud de los demás». La carta sería, siempre según Marion Chabot, «la expresión de la mezquindad y la vileza de un líder cuyas faltas deliberadas son el resultado de una flagrante incompetencia».

Mientras tanto, durante el juicio, Robert Martin afirmó haber hecho todo lo posible «para garantizar que los marselleses estén en las mejores condiciones de seguridad y salud en los edificios de los que [él] era responsable». Para él, la culpa viene de lo “político”, que “no tomó la medida del alcance y las consecuencias” que “impuso” el decreto sobre el amianto. Su abogado argumenta que los presupuestos otorgados al jefe de departamento eran demasiado bajos para permitir el diagnóstico de todos los edificios a su cargo. Con sus 90.000 euros anuales, habría necesitado 16 años «para diagnosticar los 500 edificios» de su cartera, explica Robert Martin. Por parte de la acusación, se le acusa de no haber planteado nunca estas dificultades presupuestarias.