Gilles Mentré es presidente de Electis y teniente de alcalde (LR) del distrito 15 de París. Es autor de Démocratie – Devolvamos el voto a los ciudadanos, publicado en noviembre de 2021 por Odile Jacob.
En abril de 2022, el candidato Emmanuel Macron había señalado que no descartaba el referéndum para ninguna reforma, y en particular no para la de las pensiones. Estaba a favor, dijo, de “encontrar” este instrumento.
Si no cumplió su promesa, 250 diputados opositores lo acaban de hacer por él. Paralelamente a la votación de las mociones de censura, se presentó un proyecto de referéndum de iniciativa compartida (RIP) que permitiría, si es aprobado por el Consejo Constitucional y firmado por casi 4,8 millones de franceses, organizar un voto directo de los ciudadanos. Se dice que este último umbral es difícil de cruzar (recordemos que Emmanuel Macron se había comprometido a reducirlo a un millón), pero la importancia de la movilización popular hace creíble esta perspectiva.
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Un referéndum sobre las pensiones es totalmente legítimo. Dos de cada tres franceses están a favor. Quieren en general, y en la misma proporción, que las principales orientaciones del país sean definidas directamente por los ciudadanos. Nuestro sistema no puede ser simplemente representativo. Ante la creciente polarización y abstención, necesitamos construir nuevas mayorías. Esta evidencia es aún más fuerte cuando se trata de la reforma de las pensiones. La mayoría relativa que reclamó Emmanuel Macron tras las elecciones presidenciales y legislativas, si conserva un valor legal, ya no es suficiente para reflejar una voluntad general. Especialmente cuando se trata de un tema que afecta profundamente la vida de todos y está en el centro de nuestro contrato social. Hacer trabajar al pueblo francés durante dos años más sin el apoyo de la opinión pública, los sindicatos o el parlamento corre el riesgo de cristalizar una ira fría que fragmentará aún más el país. Sólo un referéndum permitiría “rehacer Nación”.
¿Cuál debería hacerse la pregunta a los franceses? El proyecto de RIP actual conduciría a una decisión a favor o en contra de limitar la edad legal de jubilación a 62 años. La propuesta es desafortunada. Si se trata de elegir entre trabajar menos o trabajar más, sin más, es legítimo dudar de que una mayoría opte por esta última opción. En caso afirmativo, ¿cómo equilibramos nuestro sistema de pensiones? ¿Deberían subirse los impuestos? ¿Reducir las pensiones de jubilación? El voto británico sobre el Brexit ha mostrado el peligro de consultas populares binarias que no dicen nada sobre las consecuencias de una negativa.
Tal formulación en última instancia corre el riesgo de desviar al RIP de su verdadera vocación, transformándolo en un plebiscito a favor o en contra de Emmanuel Macron. Quedaría abierta la cuestión de qué quieren realmente los franceses para el futuro de sus pensiones. El referéndum sobre las pensiones se convertiría entonces en un Brexit francés, no porque nos alejaría de nuestros socios europeos, sino porque dejaría al país sin brújula.
Es hora de salir de una concepción demasiado estrecha del referéndum. Dejemos de desconfiar de nosotros mismos y decidamos más abiertamente. El animado debate de los últimos meses ha hecho que cada uno de nosotros sea capaz de medir lo que está en juego en la reforma: las encuestas muestran que los franceses tienen perfectamente en cuenta los diversos parámetros. La única cuestión válida es que decidamos entre las principales opciones para equilibrar el sistema: subir la edad de jubilación, ampliar la duración de las cotizaciones, subir los impuestos, bajar las pensiones.
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Incluso podríamos ir más allá y pedirle a cada votante que clasifique estas diferentes opciones, desde la que prefiera hasta la que menos desee. Varias ciudades y estados americanos ya utilizan este voto preferencial, siguiendo el ejemplo de Nueva York, evitando así que una opción rechazada por la mayoría llegue antes por la dispersión de votos entre las demás. Una variante consistiría en expresar un juicio (de muy bueno a regular o incluso insuficiente) sobre cada opción. Esta técnica de Juicio Mayoritario tuvo un primer uso más o menos exitoso con la Primaria popular, pero su aplicación a las opciones en lugar de a los candidatos la separará de su lado de «cuaderno». Estas soluciones ya han sido probadas, tanto en papel como en votación electrónica, y han demostrado que funcionan.
Es demasiado tarde para cambiar el texto del proyecto de RIP presentado por los parlamentarios. Pero Emmanuel Macron aún tiene la posibilidad de mantener su compromiso de campaña y “encontrar” el referéndum. Podría negarse a promulgar la ley y proponer, por el contrario, una consulta nacional sobre pensiones. A diferencia del “gran debate” que siguió a las primeras manifestaciones de los “chalecos amarillos”, los ciudadanos decidirían esta vez de forma clara mediante una votación entre opciones. Y a diferencia de las convenciones ciudadanas sorteadas, que solo pueden informar el debate en el mejor de los casos, esta votación tendría plena legitimidad. Si bien esta consulta no cumple con la definición de referéndum en el sentido etimológico y constitucional (que supone votar a favor o en contra de un proyecto existente), tendría tal fuerza política que su resultado sería ley.
Esta sería una gran innovación, pero la crisis democrática que atravesamos prohíbe el statu quo. Un referéndum tradicional por el sí o el no podría llevar a un estancamiento aún más profundo por falta de vías concretas de acción, y el recurso al pueblo se encontraría tan desacreditado en Francia como lo está ahora en el Reino Unido. Ante la crisis de nuestras instituciones, debemos transgredir nuestros hábitos políticos y aliviar nuestra ansiedad frente a la democracia directa. Este no es el enemigo de la democracia representativa, sino su salvavidas.
