El gobierno anunció el lunes el lanzamiento de un nuevo plan nacional para combatir el trabajo ilegal durante el período 2023-2027, con 34 medidas para «mejorar el control», «mejorar las sanciones» y «reparar daños». Este plan fue presentado por Olivier Dussopt con motivo del Comité Interministerial Antifraude dedicado a la lucha contra el trabajo ilegal, informó el Ministerio del Trabajo en un comunicado de prensa.
Pretende coordinar la actuación de los servicios del Estado en torno a «dos objetivos prioritarios»: «mejor control» -que implica «focalizar, priorizar y reforzar los controles»- y «mejores sanciones, mejor recuperación y reparación de daños relacionados con el trabajo ilegal». Entre las 34 medidas, el plan pretende «garantizar la ejemplaridad de los grandes eventos deportivos» como la Copa del Mundo de Rugby y los Juegos Olímpicos de 2024, con controles pero también con la publicación de guías, por ejemplo, sobre las normas que rigen el uso de trabajar como voluntario.
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También pretende “prevenir mejor el fraude en el trabajo desplazado” informando a los empresarios y trabajadores “de sus obligaciones y sus derechos”, mientras que en 2021, excluyendo el transporte por carretera, “200.000 trabajadores han sido desplazados al menos una vez en Francia por empresas establecidas en el extranjero «, siendo el país uno de los principales Estados miembros de la UE que recibe a dichos trabajadores. El plan también contempla la simplificación del dispositivo denominado “lista negra”, es decir, una sanción por difundir en un único sitio web del Ministerio del Trabajo sentencias judiciales que condenan a una persona física o jurídica.
Pretende “luchar contra los falsos estatus” (como los falsos autónomos mediante el uso del régimen de auto/microempresario para trabajos asalariados), en particular, desarrollando estrategias comunes frente a determinadas plataformas digitales. A ello se suman acciones para combatir la trata de personas y la prevención de situaciones de viviendas no aptas, o incluso la puesta en marcha de una nueva facultad de ciberinvestigaciones para la búsqueda y observación de infracciones de trabajo ilegal en internet. Otras medidas deberían permitir que los trabajadores estén más “restaurados en sus derechos” o “adelantar la recuperación de las multas impuestas y las contribuciones evadidas”.
