Las quiebras de empresas siguen aumentando. El último estudio de la firma Altares contabiliza 14.317 en el primer trimestre de 2023, es decir, un salto del 43,6% respecto al primer trimestre de 2022. Ya el año pasado la tendencia fue al alza tras un año 2021 marcado por un nivel históricamente bajo explicado por las ayudas estatales a las empresas afectadas por la crisis sanitaria. Pasado el temporal, las ayudas se agotaron y las insolvencias superan ya su nivel anterior a la crisis, alcanzando el del primer trimestre de 2018. “Estos datos son fruto de un entorno económico difícil marcado por la contracción del consumo, pero también por el reembolso de las deudas de Covid”, subraya Thierry Millon, director de estudios de Altares.

Las empresas ahora están pagando los préstamos garantizados por el estado (PGE) tomados durante la pandemia. Sin embargo, las dificultades se vinculan desde 2020, entre escasez de materias primas, inflación y crisis energética, y las empresas no han sido capaces de recuperar un nivel de ingresos suficiente para hacer borrón y cuenta nueva. “Sentimos que estamos en una crisis constante. Y cuando tienes una facturación estancada y gastos que aumentan, el efecto tijera es difícil de sostener”, continúa Thierry Millon.

Leer tambiénLas insolvencias de pymes vuelven a aumentar

Si el número de averías no alcanza los récords conocidos entre 2009 y 2015, “es porque las recuperaciones forzosas de Urssaf se han reanudado recientemente”, recuerda el experto. “Luego de un período de pago diferido de las cotizaciones, que mantuvo a las empresas deudoras en pie al igual que las empresas al corriente en sus cotizaciones, es hora de retomar la senda del juego competitivo y por ende del cobro forzoso necesario para que la Urssaf lleve a cabo cumplir su misión». Un camino que llevará a un nuevo aumento de la morosidad en el próximo trimestre, “porque entre PGE y deuda social la pizarra empieza a ser pesada”, advierte.

Según Altares, si bien las VSE siguen siendo las más representadas entre las empresas que incumplen, lo que preocupa es el salto de 59% en la morosidad entre las pymes y las ETI. «Estos defectos 1125 no afectan solo al empleador y sus empleados, sino a todo un ecosistema formado por proveedores, subcontratistas…», advierte Thierry Millon. Una perspectiva que infla el nivel de puestos de trabajo en riesgo, tanto más preocupante cuanto que se trata de empresas establecidas en los territorios.

En detalle, la construcción sigue resistiendo frente a la ropa, la alimentación, las agencias inmobiliarias, la restauración o la ayuda a domicilio; pero la perspectiva de un deterioro del sector hace temer un aumento aún mayor de las insolvencias.

“No habrá un muro de quiebras, pero la vigilancia y la anticipación están en orden. Entre cobros forzados, ruptura del consumo y bienes raíces en dificultades, terminar 2023 con 55 000 fallas como se esperaba sería algo bueno, porque las perspectivas podrían ser mucho peores”, concluye Thierry Millon.