Empresarios y sindicatos se reúnen el martes para iniciar una serie de negociaciones sobre el plan de pensiones complementario para los empleados del sector privado Agirc-Arrco, que afecta a 26 millones de cotizantes y 13 millones de jubilados.
Los interlocutores sociales, gestores de Agirc-Arrco, tendrán que adaptar las pensiones complementarias a las nuevas normas que se aplican al régimen general tras la reforma que entró en vigor el viernes 1 de septiembre.
Probablemente deberían poner fin a la penalización del 10% que se aplica a las pensiones durante tres años, a menos que el empleado posponga su edad de jubilación un año. En vigor desde el 1 de enero de 2019, esta sanción había sido adoptada con fuerza por los interlocutores sociales para retrasar la edad de jubilación y restablecer las cuentas del régimen entonces deficitarias. Pero esta medida parece obsoleta ya que la reforma de las pensiones pospone la edad de jubilación dos años, hasta los 64 años. Además, entretanto las cuentas han vuelto a ser rentables: Agirc-Arrco generó 5.000 millones de euros de superávit en 2022, gracias al buen comportamiento del mercado laboral y a la dinámica de los salarios, y dispone de un cómodo colchón de 68.000 millones de reservas. .
Si bien se esperan nuevos superávits este año, empresarios y sindicatos también tendrán que ponerse de acuerdo sobre el importe de la revalorización de las pensiones, aplicable el 1 de noviembre. El año pasado, Agirc-Arrco había concedido a todos sus jubilados una revalorización de las pensiones del 5,12%. Una decisión que cuesta 5.000 millones de euros en un año completo y supone un coste de 75.000 millones en quince años.
