Sony trabajó, de forma completamente ilegal y durante más de cuatro años, para impedir que los jugadores se beneficiaran de los mandos de PlayStation 4 más asequibles ofrecidos por terceros proveedores. Así lo denuncia la Autoridad de Competencia en un comunicado difundido este miércoles 20 de diciembre, en el que anuncia que ha impuesto una multa de 13,5 millones de euros a la matriz japonesa de Sony y a tres filiales en Europa y Francia. Fue a raíz de una recomendación de Subsonic, un fabricante francés de controladores de videojuegos, que se tomó esta decisión.
Comercializado desde 2019, el mando de PS4 producido por Sony o fabricantes autorizados cuesta entre 60 y 75 euros. Los producidos por terceros que no tienen una licencia paga son mucho menos costosos. Para impedir la compra de estos controladores no oficiales, Sony implementó prácticas ilícitas, señala la Autoridad de Competencia. En primer lugar, provocó deliberadamente fallos de funcionamiento de los mandos «no oficiales» de PS4, a partir de noviembre de 2015, «supuestamente implementados para luchar contra la falsificación, y que tuvieron por efecto afectar al buen funcionamiento de los mandos de juegos de terceros», provocando, en particular, su regular desconexión.
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Además, la Autoridad también sostiene que Sony no reveló claramente las condiciones necesarias para obtener la licencia oficial para fabricar y vender controladores compatibles. Por tanto, esta política impedía que empresas competidoras se unieran al programa “OLP”, la única forma de obtener una licencia para terceros fabricantes, fundamental para que los mandos funcionen correctamente con la PS4.
Por tanto, esta política opaca permitió a Sony aplicar los criterios «de manera discrecional». De este modo, el gigante japonés pudo favorecer a sus propios controladores o a los de sus socios privilegiados, en detrimento de otros competidores y consumidores. Colocándolo así en una posición dominante en el mercado de suministro de mandos para PS4.
Por lo tanto, el organismo de control de la competencia concluye que estas prácticas han dañado la reputación de los terceros fabricantes entre los jugadores y distribuidores. Es posible que los jugadores hayan creído que los controladores de terceros eran de mala calidad o no cumplían, y es posible que los distribuidores hayan reducido sus ofertas o su visibilidad. Por tanto, esto ralentizó el desarrollo de los competidores de Sony, al limitar sus ventas y su cuota de mercado. Por ello, Sony y tres de sus filiales tendrán que pagar una multa de 13,5 millones de euros. Recordemos que la facturación de Sony se estima en 6.300 millones de euros en 2022.
