El gobierno argentino está tomando el asunto en sus propias manos luego de que los cortes de energía masivos y recurrentes han afectado a miles de residentes de Buenos Aires durante varias semanas. Cuestionando la mala gestión del operador privado, el ministro de Economía, Sergio Massa, anunció el lunes por la noche una OPA “temporal” de la distribuidora de energía Edesur, controlada por el gigante italiano Enel. El grupo también ha decidido, como parte de una estrategia para reenfocar sus operaciones en Europa, vender sus activos argentinos.
El gobierno de izquierda de Alberto Fernández ha pedido a la policía eléctrica argentina «que se apodere de la empresa Edesur durante 180 días para vigilar el cumplimiento de las instrucciones y, sobre todo, la mejora del servicio que debe tener la sociedad», dijo el ministro.
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Más allá de las fallas del operador, estas perturbaciones son una nueva ilustración del calentamiento global. Los cortes no son raros en Buenos Aires, pero este año la capital vive un verano austral particularmente caluroso, el más intenso desde el inicio de los registros meteorológicos (1906) con una ola de calor que duró más de diez días. La semana pasada, tras un pico histórico de demanda en la red eléctrica, alimentada por aire acondicionado, unas 115.000 viviendas se quedaron sin luz durante varias horas. A principios de marzo, un apagón masivo vinculado a un incendio en un campo, cerca de líneas de alta tensión conectadas a una central nuclear, también afectó a varias provincias.
El deterioro desde hace varias semanas ha dado lugar a manifestaciones en varios barrios de Buenos Aires. Sergio Massa subrayó que “desde el 13 de febrero, cuando 180.000 usuarios quedaron sin servicio, se presenta una interrupción reiterada del suministro de media y baja tensión, lo que representa una falla clara y sistemática” del servicio.
Por instrucciones del Ministerio de Energía, el Ente Nacional de Regulación de la Energía Eléctrica (ENRE) anunció el jueves pasado que interpuso una denuncia contra Edesur, que distribuye energía eléctrica a la mitad del Gran Buenos Aires, es decir cerca de 14 millones de habitantes. La denuncia fue presentada por «fraude», «obstrucción de servicios públicos» y «abandono de personas». ENRE denunció «un problema crónico de inversión» de los operadores eléctricos privados. La empresa deberá pagar una multa de 2.700 millones de pesos (12,3 millones de euros). Este importe se utilizará para reembolsar las facturas de los usuarios afectados por los recortes.
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No se trata, sin embargo, de expropiación. Sergio Massa dejó claro que la OPA es «transitoria y excepcional». “Queremos dejar claro que no se afecta la propiedad de los accionistas, que no se afecta el contrato de concesión, pero que el Estado realizará, a través del embargo, la supervisión efectiva de la ejecución del contrato”. La vocera de la presidencia, Gabriela Cerruti, sin embargo, no descartó la semana pasada un cuestionamiento de la concesión tras la auditoría del ENRE. Otorgado en 1992, se supone que durará otros sesenta y cuatro años.
