La primera ministra Elisabeth Borne activó una vez más el jueves el arma constitucional del 49,3 para que la Asamblea aprobara sin votación, en segunda lectura, la parte de “ingresos” del presupuesto de la Seguridad Social para 2024. “El proyecto de ley de financiación de la Seguridad Social es el corazón de nuestro modelo social. Reúne y protege a los franceses. No podemos correr el riesgo de privarlos de ello”, justificó el Primer Ministro en una breve declaración desde el podio de una Asamblea con escasas filas.

Este es el 49.3 número 18 utilizado por Élisabeth Borne o en su nombre desde su nombramiento en Matignon. Esta es la séptima vez desde la reanudación del trabajo parlamentario a finales de septiembre. El grupo LFI anunció inmediatamente la presentación de una moción de censura que, como las demás, no debería obtener la mayoría de votos de los diputados, lo que permitiría al Gobierno ver aprobada esta parte del texto, antes de una muy probable nuevo 49.3 en la parte de “gastos”.

“La Seguridad Social es el mayor presupuesto de gasto público del país. Podríamos esperar hasta que se respete el derecho de los parlamentarios a decidir sobre sus recursos: esto no sucederá”, lamentan los Insoumis en el texto de su moción. Este proyecto de ley de financiación de la Seguridad Social (PLFSS) prevé un aumento del gasto del 3,2% en 2024 con respecto a 2023, hasta 254,9 mil millones de euros.

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El déficit de la «Secu», fijado en 8.800 millones de euros en 2023 y 10.700 millones en 2024 según las últimas previsiones del Gobierno, podría alcanzar los 17.500 millones en 2027. El proyecto de ley fue aprobado el martes por los senadores en una versión sustancialmente revisada. Si bien el gobierno ha vuelto esencialmente a la versión anterior, la de la Asamblea, ha hecho dos concesiones en puntos particularmente sensibles, Agirc-Arcco y las franquicias.

Ante la voluntad del Gobierno de utilizar los excedentes del plan de pensiones Agirc-Arcco para financiar pequeñas pensiones, el diputado Yannick Neuder (LR) presentó una subenmienda que garantiza que los fondos de este plan no se utilizarán «a título de solidaridad financiera dentro del sistema de jubilación”, sino únicamente para “participar en el saldo de los regímenes especiales que hayan sido extinguidos”. El ministro de Sanidad, Aurélien Rousseau, afirmó que el gobierno apoyará esta subenmienda, prueba de la «confianza» del gobierno en los interlocutores sociales que gestionan este régimen.

En cuanto a las franquicias médicas, el Senado decidió someter a la opinión previa de las comisiones de asuntos sociales las modificaciones previstas en los importes de las franquicias o contribuciones fijas que quedan a cargo de los asegurados para cubrir sus gastos de salud. Aurélien Rousseau expresó el apoyo del gobierno a esta propuesta. “El gobierno ha dado marcha atrás en nuestras líneas rojas”, saludó el grupo LR sur X.