Un destacado empresario tunecino y un ex ministro cercano al ex dictador Ben Ali fueron encarcelados como parte de dos investigaciones separadas bajo sospecha de corrupción financiera, informaron los medios locales el miércoles (8 de noviembre). Se emitió una orden de prisión preventiva de cinco días renovables contra Marouane Mabrouk, de 51 años, ex yerno de Zine El Abidine Ben Ali (fallecido en 2019), líder de uno de los mayores grupos tunecinos (Géant, Monoprix, Orange , Banco BIAT).

Es sospechoso de corrupción en la gestión de una empresa confiscada por el Estado, en el marco de una investigación abierta desde hace más de diez años sobre los fondos públicos expoliados durante el gobierno de Ben Ali, afirmó el portavoz del tribunal de primera instancia, Mohamed Zitouna. citado por medios gubernamentales.

Los investigadores sospechan de un «delito de toma de control de una empresa en la que el Estado aporta capital», añadió Mohamed Zitouna, precisando que la empresa era el grupo alimentario Saïda (pasteles, chocolates). El ex ministro de Transportes y Turismo de Ben Ali, Abderrahim Zouari, de 79 años, también es objeto de una orden de detención renovable de cinco días por haber abusado de sus funciones para obtener ventajas.

Su encarcelamiento se produjo tras “una denuncia presentada por una organización no gubernamental por sospecha de corrupción en un mercado público”, afirmó Mohamed Zitouna. Marouane Mabrouk es el exmarido de Cyrine Ben Ali, una de las hijas del exdictador (1987-2011) fruto de un primer matrimonio. Marouane Mabrouk codirige la empresa familiar Mabrouk, que también controla el operador Orange Tunisie, fundada un año antes de la Revolución Democrática, que derrocó a Ben Ali en 2011 y marcó el inicio de la Primavera Árabe.

Los bienes de Marouane Mabrouk fueron confiscados oficialmente después de la Revolución y transferidos al fondo Karama Holding, que supervisa todos los bienes mal habidos del clan Ben Ali. El presidente Kaïs Saïed, deseoso de reponer las arcas de Túnez, que tiene una deuda del 80%, creó en marzo de 2022 una comisión de “reconciliación criminal”, que prevé el abandono de los procedimientos judiciales a cambio del pago de sanciones o la finalización de grandes proyectos. . . En marzo de 2023, Kaïs Saïed destituyó al jefe de esta comisión, haciéndole pagar por no haber recaudado las sumas esperadas, estimadas en 4.000 millones de euros según un informe oficial.