No se trata de enterrarlo. Este miércoles, el “impuesto a los conejos” volvió a aparecer en el discurso de política general del Primer Ministro. “Vamos a cobrar a quienes no se presenten a las citas médicas sin previo aviso”, prometió Gabriel Attal. Para el jefe de Gobierno, ha llegado el momento de sancionar a estos pacientes fantasmas que hacen perder a los profesionales sanitarios cerca de 2,5 millones de consultas al año. Queda por ver cuándo y cómo. Al contrario de lo que sugirió Gabriel Attal, la tarea podría resultar menos “simple” de lo que parece. ¿Cómo sería el futuro “impuesto a los conejos”? ¿Cómo podría funcionar y cuánto costaría? Le Figaro analizó la cuestión.

Si todavía no sabemos cómo piensa el gobierno hacer frente a la plaga de los «conejos médicos», ya sabemos lo que no quiere: en noviembre, el gobierno cerró la puerta a un mecanismo fiscal propuesto por los senadores en el marco del PLFSS. 2024. El proyecto se basó en una sanción financiera recuperada directamente por el Seguro de Salud. La suma, cuyo importe aún estaba por definir, debía retirarse de la cuenta bancaria del asegurado o retenerse para futuros reembolsos. Parte de esta cantidad, si no la totalidad, recayó en el practicante lesionado. Poco convincente a ojos del ejecutivo, que acabó censurando el proyecto recurriendo al 49,3. El ministro de Sanidad, Aurélien Rousseau, explicó que «no ha encontrado la solución» que permita a los pacientes ser tratados de forma justa según su forma de concertar las citas. Unos meses antes, el ejecutivo ya había rechazado la idea de un impuesto punitivo propuesto por los senadores en el marco de la ley Rist.

En abril de 2023, Gabriel Attal, entonces ministro de Cuentas Públicas, pidió una sanción económica. “Si no se presenta, el reembolso de la próxima cita se reduciría en una determinada cantidad”. Monto que sería compartido equitativamente entre la Caja del Seguro Primario de Salud (Cnam) y el profesional. Unos meses más tarde, su sucesor en Bercy, Thomas Cazenave, se mostró más evasivo. Favorable a “un mecanismo que nos permita castigar” a los pacientes fantasma, se mostró indeciso sobre la naturaleza del castigo. «No sé si será un impuesto», dijo.

El gobierno no ha sido más comunicativo sobre el papel que podrían desempeñar las plataformas tipo Doctolib. ¿Serán responsables de tomar una huella bancaria cada vez que se concierte una cita, como ya hacen algunas plataformas dedicadas a la teleconsulta? “Por el momento no está prevista ninguna reunión de trabajo con el ministerio”, susurra un portavoz del sector.

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Lejos de las dilaciones del ejecutivo, los médicos están llenos de imaginación. «Hay varias soluciones: o una plataforma tipo Doctolib ofrece una deducción, que nos gustaría devolver a los médicos, o el Seguro de Salud cobra la sanción y la destina al fondo», explica el presidente del Sindicato de Médicos Liberales (SML). ) Sofía Bauer. Seguro médico o médicos, por tanto. Al igual que Gabriel Attal, el presidente de la Unión Francesa de Medicina Libre (UFML), Jérome Marty, se inclina por una solución intermedia. “Parte de la sanción debe ir necesariamente a los médicos. Cuando estamos en una zona donde los conejos llegan a perder hasta 30 consultas al mes, es insostenible.

Pero, antes de intentar volver a venderlo, todavía falta definir el tamaño de la tarta. ¿A cuánto asciende el castigo para los pacientes fantasmas? Los profesionales de la salud esperan una compensación acorde al daño sufrido. “La sanción podría ascender al importe total de la consulta no atendida”, estima Sophie Bauer. “Personalmente, no me sorprendería que subiéramos hasta 25 euros por una consulta perdida con un médico de cabecera. Pero tenemos que estudiarlo”, añade Jérôme Marty.

Los batas blancas sin duda tendrán que rebajar sus ambiciones. En enero de 2023, en las columnas de Le Parisien, el presidente aseguró que la incivilidad en materia de citas médicas sería “un poco sancionada”, nada más. Durante su visita a Bercy, Gabriel Attal se inclinó por una pena moderada: diez euros, “cinco para el profesional sanitario y cinco para el seguro médico”. El ejecutivo podría verse tentado a mantener este rumbo, en consonancia con los “impuestos de conejo” de nuestros vecinos alemanes (cinco euros) y belgas (quince euros).

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Queda por eliminar el obstáculo legal. El artículo R. 4127-53 del Código de Salud Pública establece que “los honorarios médicos […] sólo pueden reclamarse por actos efectivamente realizados”. La misma obligación está incluida en el código de ética médica. Los oponentes al impuesto (MG Francia, Francia Assos Santé, etc.) no dejaron de esgrimir este argumento para descalificar el proyecto del gobierno. Por tanto, tendremos que aceptar modificar el código de salud pública, es decir la ley, para esperar superar a los pacientes fantasma.

Pero las dificultades no terminarán ahí. “¿Cómo podrá el médico demostrar al Seguro de Salud que un paciente no se presentó, si éste afirma lo contrario?”, se pregunta Jérome Marty. «Muchos abogados me han asegurado que no será tan sencillo». De hecho, separar la realidad de la ficción podría resultar kafkiano. El Seguro de Salud, que ya rastrea actos fraudulentos y bajas laborales abusivas, podría tener así asignada una nueva misión de control: la de verificar la buena fe de los médicos (y de los pacientes) en el contexto de un posible «conejo fiscal». No estoy seguro de que esta perspectiva deleite a los agentes de Seguridad…