Este comienzo de año parece cada vez más un viacrucis para el nuevo gobierno. Además de tener que gestionar la ira de los agricultores, que puede desbordarse en cualquier momento, ahora tenemos que hacer malabarismos con un deterioro confirmado del mercado laboral. Según las cifras publicadas por Dares este jueves 25 de enero, 3.033.300 personas se quedarían sin actividad (categoría A) de media en el cuarto trimestre de 2023 (toda Francia, excepto Mayotte). Un aumento del 0,2% (o 4.800 personas más), es el segundo aumento consecutivo. Si se suman los individuos con una actividad reducida sostenida (categorías B y C), su número aumenta a 5,4 millones. La progresión es más marcada allí (1%, o 54.000).

Estas cifras suenan como una alerta para la nueva ministra de Trabajo, Catherine Vautrin. La ex presidenta de Grand Reims, nombrada a mediados de enero, heredó un mandato ampliado respecto a su predecesor, Olivier Dussopt, con la incorporación de Salud y Solidaridad a su cartera. Un mayor margen de maniobra que debería permitirle relanzar la batalla por el pleno empleo. A pesar de la tendencia actual, el jefe de Estado se niega a abdicar de la promesa emblemática de su campaña de 2022. Durante su discurso de mediados de enero, el inquilino del Elíseo lanzó vías de trabajo, como se esperaba «un segundo acto de reforma del mercado laboral». «la próxima primavera». También explicó que quería desarrollar “normas más estrictas para los desempleados en caso de rechazo de ofertas de trabajo y un mejor apoyo”.

Lea también: Alcanzar el pleno empleo para 2027, una meta ambiciosa para el nuevo gobierno

A corto plazo, el ministro tendrá que examinar el acuerdo, si lo hubiera, entre sindicatos y empresarios sobre el trabajo de las personas mayores y las trayectorias profesionales. La negociación se enmarca en la continuación de la reforma de las pensiones y debería permitir alcanzar el “pleno empleo de las personas mayores”. En concreto, las medidas desarrolladas por los representantes de los trabajadores y de los empresarios, que posteriormente serán objeto de una o más leyes, deben aumentar la tasa de empleo de las personas entre 60 y 64 años del 36,2% en 2022 al 65% «para 2030». Un objetivo muy decidido. También deberá apoyar el ascenso del nuevo operador público France Travail (antes Pôle emploi), creado el 1 de enero. Detrás del cambio de nombre, esta transformación debería permitir un mejor apoyo a los beneficiarios de RSA pero también facilitar la transición a la contratación de pequeñas y medianas empresas (PYME).

Este voluntarismo, sin embargo, parece insuficiente a corto plazo para esperar revertir la curva de desempleo. Según los pronosticadores, la tasa debería seguir aumentando en los próximos meses. Según los más pesimistas, como el Banco de Francia, podría rondar incluso el 8% a finales de 2024.