Los Veintisiete validaron el viernes una legislación que impone a las empresas de la UE obligaciones de protección del medio ambiente y de los derechos humanos (trabajos forzosos, etc.) en sus cadenas de producción, pero con un ámbito de aplicación más amplio y reducido de lo esperado. Los eurodiputados y negociadores de los Estados miembros llegaron a un acuerdo político en diciembre sobre este texto emblemático que crea un «deber de vigilancia» que obliga a las empresas a identificar y corregir los ataques al medio ambiente y a los derechos de los trabajadores, incluso en sus propias instalaciones y subcontratistas en el extranjero. Pero los Veintisiete no lograron en dos ocasiones en febrero encontrar la mayoría necesaria para ratificarlo formalmente. Con vistas al levantamiento de las reservas de varios países, el ámbito de aplicación se ha visto significativamente limitado en comparación con el acuerdo de diciembre.
Esta legislación establece que las empresas afectadas son legalmente responsables de las violaciones de los derechos humanos y sociales (trabajo infantil, trabajos forzosos, seguridad, etc.) y de los daños medioambientales (deforestación, contaminación, etc.), incluso de sus proveedores. El acuerdo alcanzado en diciembre con los eurodiputados preveía que las normas se aplicarían a los grupos europeos con más de 500 empleados y con una facturación global neta de al menos 150 millones de euros, así como a las empresas a partir de 250 empleados si sus ventas superan los 40 millones de euros y la mitad provienen de sectores de riesgo (textil, agricultura, minerales, etc.). Por último, el texto aprobado el viernes por los Estados sólo se dirige a las empresas de 1.000 empleados o más con un volumen de negocios de al menos 450 millones de euros, y las disposiciones relativas a las empresas de sectores de riesgo han desaparecido, según una fuente diplomática. El Parlamento Europeo tendrá que decidir sobre estos cambios a mediados de abril.
Los embajadores de los Estados miembros llevan dos meses luchando por encontrar la mayoría cualificada necesaria (un mínimo de 15 Estados miembros que representen el 65% de la población de la UE). Una votación fracasó ampliamente el 28 de febrero: la oposición de los liberales alemanes del FDP, miembros de la coalición gobernante y que denunciaron un texto «inaceptable para las pequeñas y medianas empresas», obligó a Berlín a abstenerse. Italia y una decena de países más, entre ellos Bulgaria, Hungría y Eslovaquia, habían hecho lo mismo, según los diplomáticos, por diversas razones: inseguridad jurídica, carga administrativa, competencia internacional… Suecia incluso había votado en contra.
“El umbral de 1.000 empleados fue objeto de discusiones hasta el último minuto. Es superior al acuerdo inicial, pero significativamente inferior al umbral propuesto por Francia (mediados de febrero) de 5.000 empleados”, comentó Pascal Canfin (Renew, liberales), presidente de la comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo. “Y la ley sigue contemplando la obligación de que todas las empresas con más de 500 empleados tengan un plan de transición climática. Este es un gran paso adelante”, añadió. La ONG Global Witness muestra su “alivio”, pero lamenta que “esta legislación es sólo una sombra de lo que debería haber sido, porque sólo se aplicará a una fracción de las empresas”.
