La CGT anuncia que ha sido alertada de “violencia física” y “fracasos” en varias residencias de ancianos privadas del grupo Emera y pide la remisión a la Igas (Inspección General de Asuntos Sociales), en una carta al gobierno consultada en sábado. «Parece que el grupo Emera mantiene un sistema de maltrato generalizado que se produce cada día entre sus (…) residentes y (…) empleados», escribe la número uno de la central Sophie Binet en esta carta dirigida al Ministro. de Solidaridad Aurore Bergé, a la defensora de los derechos Claire Hédon y al fundador del grupo de residencias de ancianos Claude Cheton.

«La primera organización sindical del grupo», la CGT, ha «sido alertada por numerosos empleados y familiares de vecinos del grupo de situaciones de violencia física y verbal, faltas de cuidados e higiene», enumera. «Cuando los representantes del personal denuncian este sistema deficiente, que los pone en peligro tanto como a los residentes», continúa Sophie Binet, «se les amenaza con sanciones y la dirección utiliza métodos de intimidación para silenciarlos». La CGT pide a Aurore Bergé que se ponga en contacto con Igas “para llevar a cabo una misión de control, auditoría, peritaje y evaluación del grupo Emera”.

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Según la fiscalía de Burdeos, se abrió una investigación contra una residencia de ancianos de Gradignan (Gironda) por «violencia habitual contra personas vulnerables» tras una denuncia presentada contra Emera, que negó estas acusaciones y denunció «desinformación». Fundado en 1987 por Claude Cheton, el grupo Emera cuenta con 7.000 empleados y más de 100 establecimientos en Francia y Europa. Su facturación ascendió a más de 230 millones de euros en 2018, justo antes de la recompra en 2019 de parte de su capital por parte de los fondos de inversión Ardian y Naxicap.

Contactado por la AFP, el grupo Emera afirmó que «no tenía conocimiento de ninguna práctica de presión sobre el personal», práctica «contraria a la política cambiaria defendida por el grupo». En cuanto al número de denuncias presentadas por familiares o parientes de residentes, el grupo indica que, en octubre, había registrado cinco en los últimos dos años. «Expresamos nuestro más sentido pésame por las situaciones aisladas que provocaron, en particular, muertes, pero impugnamos algunas de las denuncias», añade Emera, asegurando que «ninguna de estas denuncias ha dado lugar en este momento a una condena o a un procesamiento» de la causa. su responsabilidad.