Pekín llamó el jueves a «no dejarse engañar por las mentiras» relativas a los abusos contra los derechos humanos en Xinjiang, en momentos en que se señalan las actividades del gigante automovilístico alemán Volkswagen en esta región china. Las autoridades llevan más de una década imponiendo medidas draconianas en nombre de la lucha contra el terrorismo en Xinjiang (noroeste de China), tras una serie de sangrientos atentados atribuidos por el gobierno a determinados uigures.
Estas medidas se han endurecido desde 2017 en este vasto territorio fronterizo de Asia Central. Volkswagen, el principal fabricante de Europa, está implicado desde hace años, sospechoso de utilizar trabajo forzoso en una fábrica inaugurada en 2013 en Urumqi, la ciudad más grande de Xinjiang. El grupo afirmó esta semana que estaba en conversaciones sobre el futuro de sus actividades en esta región, después de revelaciones de prensa comprometedoras sobre un supuesto uso de trabajo forzoso en otro sitio.
Las empresas deben «discernir la realidad de la ficción y no dejarse engañar por la mentira», afirmó el Ministerio chino de Asuntos Exteriores en un comunicado enviado a la AFP, preguntado por Volkswagen. «Las supuestas violaciones de los derechos humanos en Xinjiang son una mentira» destinada a «crear desorden en Xinjiang, denigrar y presionar a China», añade el comunicado, sin mencionar al grupo alemán.
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Estudios occidentales, basados en interpretaciones de documentos oficiales chinos, testimonios de presuntas víctimas y extrapolaciones estadísticas, acusan a las autoridades de represión contra los uigures, una de las minorías indígenas de Xinjiang. Así, el Instituto Australiano de Política Estratégica (ASPI), una empresa de investigación creada por el gobierno australiano, o el investigador alemán Adrian Zenz han dedicado varios informes a las políticas chinas en Xinjiang.
Estos informes acusan a Beijing de haber internado arbitrariamente al menos a un millón de personas en “campos” de reeducación política. Las autoridades, que inicialmente negaron la realidad de tales estructuras, terminaron admitiendo la existencia de «centros de formación profesional», destinados a mantener a los «aprendices» alejados de la radicalización. Desde 2019, todos son ahora “graduados” y, por tanto, teóricamente libres, mientras que estas instalaciones están cerradas, asegura Beijing.
El químico BASF, uno de los mayores grupos alemanes, echó un freno al estanque el viernes al anunciar que aceleraba la venta de sus participaciones en dos empresas conjuntas establecidas en Xinjiang, donde el Gobierno chino está acusado de represión. Xinjiang, gracias a una marcada mejora de las condiciones de seguridad, ha buscado en los últimos años atraer inversiones extranjeras y aumentar el número de turistas en este vasto territorio conocido por sus paisajes y su patrimonio.
