¿Será finalmente la Comisión Europea menos exigente con la trayectoria ambiental y social de las empresas, a riesgo de fomentar el “greenwashing”? Mientras que una nueva ley obliga a partir de 2024 a las empresas de más de 250 empleados -con una facturación de más de 40 millones de euros- y a las pymes cotizadas a publicar información clave sobre el impacto social y medioambiental de sus actividades (unas 50.000 empresas), la Comisión adoptó el el lunes un acto de ejecución que les da más tiempo y flexibilidad. Así, podrán elegir el tipo de información que consideren útil publicar; Las pymes tendrán dos años adicionales. Y Bruselas permite a las empresas de menos de 750 empleados omitir información sobre el clima o la plantilla durante un tiempo determinado.
Estos estándares, conocidos como “ESRS”, sobre desarrollo sostenible, forman parte del “Green Deal” europeo. Cubren varios temas como el impacto sobre el agua y los recursos, el cambio climático, las comunidades afectadas o incluso la fuerza laboral y la protección de los denunciantes. Bruselas dice que quiere aliviar a las empresas del papeleo y los costos adicionales. Ya ni siquiera estarán obligados a decir si tienen un plan para proteger la biodiversidad. Las empresas más grandes también podrán durante el primer año no proporcionar información sobre contaminación. En resumen, tendrán plena libertad para evaluar la pertinencia de publicar tal o cual información. Un auténtico revés, fustigó este lunes la ONG WWF.
