El presidente José Raúl Mulino ha confirmado que tras resolver las reformas a la Caja de Seguro Social, el siguiente desafío en su agenda es abordar el conflicto en torno a la mina de cobre en Donoso. La Corte Suprema de Justicia (CSJ) había ordenado el cierre de la mina debido a un contrato inconstitucional con la empresa Minera Panamá. Mulino ha calificado este tema como ‘amplio’ y ‘escabroso’, destacando la existencia de seis o siete arbitrajes internacionales con cuantiosas pretensiones económicas por daños y perjuicios.
En respuesta a esta situación, el país ha contratado una firma legal especializada para gestionar el conflicto de la mina con responsabilidad y priorizando el interés nacional. Mulino ha expresado su compromiso con la protección de los intereses del país en este delicado asunto.
El desafío de la mina de Donoso: Una perspectiva legal
Ante las complejas implicaciones legales del conflicto en torno a la mina de Donoso, Mulino ha autorizado la salida del material molido existente y el encendido de la planta termoeléctrica. Esta medida permitirá la exportación e importación de carbón a través del puerto para garantizar el funcionamiento de la planta. El presidente enfatizó la importancia de aprovechar los recursos existentes y recuperar la inversión realizada en el material molido que actualmente se desperdicia.
Mulino también ha instruido al secretario de Energía para que coordine la conexión de la máquina recién incorporada al Centro Nacional de Despacho. Esta acción proporcionará al país un adicional de 300 megavatios de potencia, contribuyendo así al suministro energético nacional.
Impacto económico y social: Un llamado a la acción
En una reunión con empresarios y proveedores afectados por el cierre de la mina, Mulino destacó las consecuencias devastadoras de la pérdida de empleo y de ingresos que representaba el 5% del Producto Interno Bruto (PIB) del país. La paralización de la mina ha tenido un impacto significativo en la economía local, generando desempleo, reducción de ingresos estatales y retrasos en los pagos a proveedores.
Ante esta situación, el presidente ha instado a la acción y a la búsqueda de soluciones efectivas para mitigar los efectos negativos en la comunidad y en la economía del país. La reactivación de la mina de Donoso se presenta como una prioridad para restaurar la estabilidad económica y social en la región.
En resumen, el conflicto en torno a la mina de cobre en Donoso representa un desafío complejo que requiere un enfoque integral y colaborativo para su resolución. La autorización de salida de material molido y el encendido de la termoeléctrica marcan un paso importante en el camino hacia la recuperación y el restablecimiento de la actividad minera en la región. La coordinación entre el gobierno, las empresas y la comunidad será fundamental para superar los obstáculos y lograr un impacto positivo en la economía y el bienestar de todos los involucrados.
