El exjefe de la fiscalía anticorrupción de Guatemala, Stuardo Campos, fue detenido el viernes, y denunció una acusación «falsa» por un presunto «abuso de autoridad». El magistrado se suma así a los demás fiscales procesados ​​tras haber combatido la corrupción en este país centroamericano. Según las imágenes difundidas por los canales de televisión locales, se lo llevaron esposado para presentarlo ante un juez.

La detención se produce tras «una denuncia espuria presentada por la Fundación contra el terrorismo, (una organización de derecha) que se ha dedicado sistemáticamente a perseguir a los actores de la justicia», declaró el magistrado a los periodistas. La denuncia en su contra invoca un «abuso de autoridad e incumplimiento de su deber», agregó.

“Por el momento, lo único que sé es que la policía lo ha detenido. Sigo esperando más información”, dijo el vocero de la fiscalía. Esto está bajo la autoridad de la procuradora general Consuelo Porras, amiga íntima del presidente conservador de Guatemala, Alejandro Giammattei, incluida ella misma por Estados Unidos en una lista de personalidades corruptas.

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El magistrado había sido destituido en 2021 de su cargo por Consuelo Porras, y designado para la fiscalía responsable de la represión del tráfico ilegal de migrantes, lo que había levantado muchas críticas.

El año pasado, la exjefa de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI, anticorrupción) en el departamento de Quetzaltenango (oeste), Virgina Laparra, fue sentenciada a cuatro años de prisión.

El exjefe a nivel nacional de la FECI, Juan Francisco Sandoval, quien abrió una investigación por corrupción contra el presidente Giammattei, huyó a los Estados Unidos para escapar del enjuiciamiento después de su juicio político en 2021.

Todos estos magistrados habían trabajado en cooperación con la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala CICIG (2007-2019). Este organismo de la ONU había sacado a la luz sonados casos de corrupción, llegando incluso en 2015 a la renuncia del presidente Otto Pérez. Su sucesor, Jimmy Morales, quien a su vez estaba en la mira de la Comisión, había puesto fin anticipadamente a la misión de la CICIG.