A orillas del río Madre de Dios, las dragas aspiran sedimentos día y noche en busca de oro. La tala ilegal está devorando la selva amazónica en Perú, uno de los principales productores mundiales del metal precioso.
La región de Madre de Dios, en el sureste del país, en la frontera con Brasil y Bolivia, ha perdido una media de 21.000 hectáreas de bosque al año desde 2017, o el doble de la superficie de París.
Donde antes había vegetación, ahora se abren grandes canteras inundadas de agua ocre, donde las dragas trabajan continuamente.
“Los comunitarios ya no pueden sembrar maíz, plátano o yuca, porque esta tierra está prácticamente muerta”, lamenta Jaime Vargas, líder indígena de 47 años, promotor de la reforestación de sitios mineros abandonados.
Aunque la actividad está prohibida en sus tierras, los indígenas son los primeros en sufrir las actividades mineras ilegales, aunque algunos participen en ellas.
«Es el Estado el responsable, por su desorden» en la gestión de la minería, denuncia a la AFP el líder indígena del pueblo Shipibo.
En el Perú conviven tres tipos de minería de oro: la legal, la informal que intenta completar el tortuoso proceso de legalización, y la ilegal, cuya actividad financia el crimen organizado.
“Los mineros ilegales nos están invadiendo por todos lados”, se queja Lucio Quispe, de 40 años, más con resignación que con ira. Él y su familia operan una concesión de 200 hectáreas ubicada a unas dos horas en auto de la capital regional, Puerto Maldonado.
Sus dos hermanos fueron atacados recientemente con machetes, en una región donde los enfrentamientos en torno a las minas son comunes.
En 2022, Perú produjo oficialmente 96 toneladas de oro, pero se exportaron alrededor de 180, principalmente a Canadá, India, Suiza y Estados Unidos, según datos oficiales.
“El 45% de las exportaciones no tienen registro de producción”, subraya la organización que supervisa el sector bancario y colabora en la lucha contra el blanqueo de dinero.
Estudios independientes sitúan al país como el principal exportador ilegal de oro de América del Sur, con un 44 por ciento, por delante de Colombia (25 por ciento) y Bolivia (12 por ciento), según el Instituto Peruano de Economía, un centro de reflexión.
Esto se debe a que el precio del oro se ha disparado en los últimos cuatro años, alcanzando un récord en mayo. Perú es el décimo productor de oro del mundo y el segundo de América Latina, según el Instituto de Geofísica del USGC.
En 2010, se demarcó un corredor minero de 5.000 km2, en particular para proteger las reservas y parques nacionales de la región. Destinada a la minería legal, excepcionalmente se autoriza la actividad informal hasta fin de año. Desde 2016, cuando comenzó el proceso de legalización, las autoridades han retrasado el plazo varias veces.
De los 9.000 registrados en 2019 -cuando venció el plazo de registro- sólo 200 han obtenido hasta el momento una licencia, según Augusto Villegas, director regional de Energía y Minas.
En el corredor se explota oro de aluvión. De 100 metros cúbicos de tierra se extraen aproximadamente de 10 a 15 gramos de oro, cuyo valor por gramo puede alcanzar los 63 dólares.
“Pero no podemos hacer tortillas sin romper huevos, no podemos minar en Madre de Dios sin sacrificar el bosque”, admite.
Además, muchos mineros siguen utilizando mercurio para separar el oro de los sedimentos, aunque el país firmó un acuerdo internacional destinado a eliminarlo gradualmente y desde 2015 prohíbe su importación.
Ante la posterior explosión de los precios de la sustancia tóxica, algunos operadores mineros recurrieron al “oro ecológico”.
Lucila Huanco, de 54 años, lleva tres años sin utilizar mercurio en su concesión de 3.000 hectáreas. Lo reemplazó con la técnica de separación por gravedad.
Si inicialmente tuvo dificultades para vender su producción, que es diferente a la extraída con mercurio, ahora afirma tener un cliente en Lima que le paga 70 dólares por gramo de oro.
“Sinceramente, ya no quiero que me señalen como contaminadora”, proclama.
