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Uso ineficiente de fondos públicos en construcción de escuelas por parte de Meduca

En una revelación impactante, se ha descubierto que el Ministerio de Educación (Meduca) ha ejecutado apenas el 10.5% del presupuesto asignado al Programa de Construcción y Rehabilitación de Escuelas en los primeros seis meses de 2024. Esta falta de acción es especialmente preocupante dada la urgente necesidad de nuevas instalaciones educativas.

Información crítica

Un informe de la Dirección Nacional de Finanzas del Meduca ha demostrado que, entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2024, la entonces ministra de Educación, Maruja Gorday de Villalobos (2019-2024), solo utilizó un poco más de $78.6 millones de los $749.5 millones asignados para la construcción y reparación de escuelas. Este es un dato alarmante considerando que la mayoría de los centros educativos públicos enfrentan problemas estructurales graves.

Falta de transparencia y acción

La exministra de Educación, Maruja Gorday de Villalobos, guardó silencio sobre la baja ejecución en la construcción y reparación de escuelas durante su mandato. La falta de acción ha llevado a que algunos planteles tengan que cerrar aulas por motivos de seguridad o improvisar espacios educativos. La falta de infraestructuras adecuadas ha obligado a trasladar a los estudiantes a locales comerciales.

Impacto en la comunidad

Esta situación ha generado preocupación en la comunidad educativa, con padres, docentes y organizaciones magisteriales exigiendo transparencia en el uso de los fondos. Las quejas incluyen la compra de laptops por parte del Meduca en lugar de abordar las necesidades básicas de las escuelas, como la falta de aulas adecuadas y problemas estructurales confirmados por la Defensoría del Pueblo.

En resumen, la ineficiencia en la ejecución de los fondos asignados para la construcción y reparación de escuelas por parte del Meduca es un problema que afecta directamente a la calidad de la educación en el país. Es fundamental que se tomen medidas urgentes para garantizar que los recursos públicos se utilicen de manera efectiva y transparente en beneficio de los estudiantes y la comunidad educativa en general.