No existe “ninguna medida mágica, única, que desbloquee la situación. El Estado pondrá su parte, seremos un facilitador”, advierte Élisabeth Borne, la Primera Ministra, quien presentó este lunes por la tarde las medidas del gobierno para apoyar al sector de la vivienda. El ejecutivo ha escuchado las múltiples alertas lanzadas en los últimos meses por profesionales del sector. Si esperaban una medida contundente, capaz de reiniciar rápidamente la nueva construcción, que condiciona en gran medida la salud de todo el sector, corren el riesgo de verse defraudados. El gobierno considera que la crisis es esencialmente cíclica. Y que hay que tomar medidas «mientras se reequilibran los tipos», según Matignon. Para conseguirlo, se han puesto en marcha actuaciones a todos los niveles: acceso a la propiedad, mercado del alquiler, reactivación de la obra nueva y vivienda social. Le Figaro revela las principales medidas de este plan.

Para el primer punto, el préstamo a tasa cero (PTZ) se extenderá hasta 2027. “Nuestro primer objetivo es brindar acceso a la vivienda a todos los franceses. Por eso vamos a tomar medidas para garantizar el acceso a los préstamos para la vivienda, en particular relajando ciertas reglas y ampliando y transformando el préstamo a tipo cero”, explica el presidente del Gobierno. De igual forma, las condiciones de otorgamiento deben flexibilizarse, en discusión con las autoridades bancarias. Esta nueva PTZ se reenfocará y en adelante se dedicará a la adquisición de nueva vivienda en zona estrecha (solo para vivienda colectiva y ya no para pabellones) o para la adquisición de vivienda antigua en zona relajada sujeta a la realización de obras de rehabilitación.

El arrendamiento real conjunto, que disocia la tierra de los bienes raíces, debe extenderse. Este dispositivo permite acceder a la propiedad a precios entre un 30 y un 50% inferiores a los del mercado. Se debe negociar un pacto de confianza con los actores de la vivienda social, quienes obtendrán más medios financieros. Los techos de recursos se revisarán al alza para permitir que más hogares sean elegibles para este plan. A muy corto plazo, CDC Habitat y Action Logement estarán llamados a comprar 50.000 viviendas a promotores (17.000 para el primero y 30.000 para el segundo).

A cambio, el Pinel, este sistema fiscal que apoya a los inversores privados que compran un inmueble para alquilarlo, no se prorrogará. Este es un cambio importante en el panorama de la vivienda en Francia, que puede no ser apreciado por los profesionales.

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Durante varios meses, han estado haciendo sonar las alarmas sobre la crisis que se avecina. En noviembre pasado, el gobierno convocó un Consejo Nacional de Refundación (CNR) dedicado a la vivienda. Los temores se centraron entonces en los problemas estructurales del sector, en particular la dificultad para obtener permisos de construcción y la continua subida de precios durante un período muy largo. Excepto que las tasas de interés altísimas han sumido a la vivienda en una crisis cíclica desde entonces. Inicialmente previstas para el 9 de mayo, las conclusiones del CNR Logement, y las medidas del gobierno, finalmente se pospusieron casi un mes. Es hora de que el gobierno revise su copia. Y para tomar realmente la medida de una crisis que podría convertirse en una auténtica “bomba social”, como repiten cada vez más especialistas en vivienda. Esta crisis se manifiesta de muchas maneras. Descripción general.

La situación es problemática tanto en la obra nueva como en el mercado del alquiler. En un primer nivel, la Federación de Promotores Inmobiliarios (FPI) ha publicado cifras muy preocupantes para este inicio de año. En los tres primeros meses, las ventas de viviendas multifamiliares se han desplomado un 34% respecto al mismo periodo del año anterior. Y la caída alcanza el 46% respecto al primer trimestre de 2019. Los compradores-residentes están en descenso muy fuerte (-31%), pero peor aún para los inversores (-52%). Este hundimiento del mercado de la vivienda nueva tiene inevitablemente sus consecuencias sobre la actividad de los profesionales de la construcción. La Federación Francesa de la Construcción (FFB) estima que 100.000 puestos de trabajo están en peligro en un plazo de 18 a 24 meses.