Presentada por el gobierno como un importante paso adelante en la lucha contra el fraude, la generalización de la facturación electrónica para las empresas ha sido postergada indefinidamente, anunció este viernes la Dirección General de Finanzas Públicas (DGFiP). “Se decidió postergar la entrada en vigencia del sistema, prevista para el 1 de julio de 2024, con el fin de dar el tiempo necesario para el éxito de esta reforma estructurante de la economía”, indica esta dirección del Ministerio de Economía y de Finanzas en un comunicado de prensa.
“La fecha de la postergación se definirá como parte de los trabajos para aprobar la ley de finanzas para 2024” que será presentada a finales de septiembre por el gobierno, precisa la DGFiP. Eventualmente, la digitalización de las facturas enviadas entre sí por las empresas debería afectar a no menos de 4 millones de empresas. La DGFiP estima que la generalización de la facturación electrónica “eventualmente” ahorrará 4.500 millones de euros a las pequeñas y medianas empresas.
El objetivo de la reforma es tanto aligerar la carga administrativa de las empresas, como reforzar la lucha contra el fraude y «mejorar el conocimiento en tiempo real de la economía empresarial», según reza la nota de prensa.
