Seis años después del escándalo de la leche infantil contaminada con salmonella en la fábrica Craon de Lactalis, el debate sobre la responsabilidad de cada uno de los integrantes de la cadena de seguridad sanitaria está lejos de terminar. Como había sugerido en 2018, Lactalis, propietario del sitio afectado por la contaminación bacteriana que provocó la infección de varias decenas de niños, se vuelve contra Eurofins, el laboratorio externo responsable de realizar los análisis bacteriológicos del sitio Mayenne.

Según l’Informed, el líder mundial del queso y de los productos lácteos llevó el pasado mes de marzo al laboratorio de Nantes ante el tribunal comercial de París por fallos en las pruebas realizadas en su momento. Información que el grupo no comenta, pero que queda confirmada por una sentencia del 24 de octubre del Tribunal de Comercio de París, que obtuvo Le Figaro.

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El documento en el que el juez del TC de París se compromete a no juzgar este caso sobre el fondo hasta que se dé el resultado de un peritaje judicial, recuerda los agravios del gigante lácteo. Estima, en particular, que las 16.000 pruebas realizadas por su proveedor de servicios en ese momento no lograron revelar la presencia de la bacteria en el ambiente de la torre de secado número 1 del sitio entre agosto y noviembre de 2017 (falsos negativos). Pero también para gestionar correctamente este tema sanitario, mientras que tras el inicio de la crisis en diciembre de 2017, los “falsos positivos” contribuyeron a amplificar la magnitud del escándalo y las retiradas de productos, en un momento en el que la bacteria no estaba a priori más presente en el mercado. fábrica, según el grupo.

Por ello, Lactalis exige más de mil millones de euros al laboratorio de Nantes, según esta sentencia. En concreto, esta suma cubre el importe de los miles de lotes retirados y destruidos, a veces innecesariamente según el grupo lácteo, así como la compensación por la pérdida de ingresos de los distribuidores clientes del grupo. Pero también y sobre todo el impacto del escándalo en el volumen de negocios de su naciente actividad. En definitiva, no se espera la sentencia sobre el fondo del caso antes de 2025.