El Banco Interamericano de Desarrollo acaba de publicar cifras que obligan a replantear el discurso sobre equidad de género: aunque las mujeres latinoamericanas representan el 52% de la población con educación superior, su participación en puestos directivos apenas supera el 30% en las 500 empresas más grandes de la región. La paradoja salta a la vista en sectores clave como tecnología o finanzas, donde el techo de cristal sigue intacto pese a décadas de políticas de inclusión.
Estos números no son abstractos. Se traducen en salarios un 27% más bajos para ellas en trabajos equivalentes, según datos de la CEPAL, o en la carga desproporcionada de labores domésticas no remuneradas que aún recae en el 76% de las mujeres en edad productiva. El avance es innegable —desde leyes contra la violencia de género hasta cuotas en parlamentos—, pero la equidad de género tropieza con resistencias culturales y económicas que varían desde la falta de corresponsabilidad en el hogar hasta la escasa representación en industrias estratégicas.
Lo que sigue es un balance sin concesiones: los cinco hitos que marcaron un antes y después en 2024, pero también las asignaturas pendientes que explican por qué, a este ritmo, cerrar las brechas tomará aún 131 años, como advierte el último informe del Foro Económico Mundial. Las cifras hablan, pero las soluciones exigen mirar más allá de los discursos.
De la igualdad formal a la equidad real: qué significa y por qué urge*
El camino hacia la equidad de género en América Latina avanza con logros concretos, pero también enfrenta resistencias que frenan su consolidación. En 2024, cinco hitos marcan la diferencia: la paridad en gabinetes ministeriales de países como Colombia y México, donde las mujeres ocupan más del 50% de los cargos; la aprobación de leyes contra el acoso callejero en Argentina y Perú; el aumento del 30% en matrículas universitarias de mujeres en carreras STEM (según datos de la CEPAL); la creación de protocolos contra la violencia política de género en Bolivia y Ecuador; y el reconocimiento legal del trabajo doméstico no remunerado en Uruguay, que ahora se contabiliza en el PIB.
Sin embargo, las brechas persisten. Aunque 14 países de la región tienen leyes de paridad en política, solo el 32% de los escaños parlamentarios están ocupados por mujeres, según el informe Mujeres en la política 2024 de la OEA. En el ámbito laboral, la brecha salarial sigue en un 17% en promedio, con casos extremos como Guatemala, donde las mujeres ganan hasta un 30% menos que los hombres por el mismo trabajo. La violencia de género también sigue siendo un flagelo: en 2023, se registraron 4,050 feminicidios en la región, un 4% más que el año anterior, de acuerdo con el Observatorio de Igualdad de Género de la CEPAL.
Un ejemplo revelador es el de Chile, donde pese a tener una de las leyes de cuotas más avanzadas, las mujeres aún enfrentan barreras para acceder a puestos directivos. Según la Dra. Claudia Serrano, investigadora del Centro de Estudios de Género de la Universidad de Chile, «la equidad formal no garantiza equidad real: mientras no se transformen las estructuras de cuidado y la distribución del trabajo doméstico, los avances legales tendrán un impacto limitado». Este diagnóstico se repite en países como Costa Rica y Panamá, donde el 78% de las tareas del hogar recae en mujeres, limitando sus oportunidades profesionales.
El desafío ahora es traducir los marcos legales en cambios culturales. Programas como Ellas Hacen en Argentina, que capacita a mujeres en oficios tradicionalmente masculinos, o las Escuelas de Liderazgo del BID en Centroamérica, muestran que la equidad requiere acciones integrales: desde políticas públicas hasta campañas que cuestionen estereotipos. La meta no es solo cerrar brechas, sino construir sociedades donde la igualdad de oportunidades sea una realidad cotidiana.
Cinco hitos que marcaron el avance en derechos y representación este año*
El 2024 consolidó avances significativos en equidad de género en América Latina, aunque con ritmos desiguales entre países. Uno de los hitos más visibles fue la aprobación en Colombia de la ley que garantiza paridad absoluta en las listas electorales, incluyendo cargos uninominales, un paso que la CEPAL destacó como modelo regional. Mientras tanto, Argentina se convirtió en el primer país de la región en implementar un sistema de licencias por cuidado con perspectiva de género, equiparando los derechos de madres, padres y cuidadores no binarios. Estos cambios legales no solo reflejan demandas históricas, sino que establecen precedentes para reformar estructuras que perpetúan brechas.
En el ámbito laboral, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) reportó un aumento del 12% en la participación de mujeres en puestos directivos durante el último año, impulsado en parte por políticas de cuotas en empresas privadas de Chile y Perú. Sin embargo, la brecha salarial persiste: según datos de la OIT, las latinoamericanas ganan en promedio un 23% menos que los hombres por el mismo trabajo, una cifra que se agrava en sectores informales. La Dra. Ana Lucía Ramírez, economista de la Universidad de Costa Rica, advierte que «sin fiscalización efectiva, las leyes de equidad se quedan en el papel; el desafío ahora es traducir normativas en acciones concretas».
Otros dos avances marcaron el año: la creación del Observatorio Regional de Violencia de Género por parte de la OEA, que monitorea en tiempo real casos de feminicidios en 18 países, y la sentencia histórica en México que obligó a un partido político a destinar el 50% de su financiamiento público a capacitar candidatas. No obstante, la resistencia cultural sigue siendo un obstáculo. En Honduras y Guatemala, por ejemplo, el 60% de las denuncias por acoso político contra mujeres son archivadas, según registros de la Red de Mujeres Políticas. La equidad avanza, pero su sostenibilidad dependerá de combatir la impunidad y normalizar la corresponsabilidad en todos los ámbitos.
Las brechas ocultas: salarios, cuidados y violencia en cifras actualizadas*
Los últimos datos de la CEPAL revelan un panorama desigual pero con avances concretos en equidad de género para 2024. La participación laboral femenina en la región alcanzó un 52% en promedio, la cifra más alta en dos décadas, aunque persisten brechas salariales del 27% en sectores como el financiero y tecnológico. Países como Costa Rica y Uruguay destacan por políticas de licencia parental equitativa, mientras que en México y Perú, las mujeres ocupan ahora el 40% de los cargos directivos en empresas cotizadas, según el informe Mujeres en el Liderazgo del BID.
En el ámbito legal, cinco naciones latinoamericanas aprobaron reformas clave el año pasado. Colombia eliminó el IVA a productos de gestión menstrual, siguiendo el ejemplo de Argentina en 2021. Chile y Ecuador tipificaron el acoso callejero como delito, reduciendo en un 18% las denuncias por violencia de género en espacios públicos, de acuerdo con datos de la OEA. Sin embargo, la implementación sigue siendo el talón de Aquiles: en Brasil, solo el 30% de los municipios cuenta con protocolos efectivos contra el feminicidio, pese a la ley federal vigente desde 2015.
El cuidado no remunerado sigue siendo la asignatura pendiente. Las mujeres dedican tres veces más horas que los hombres a tareas domésticas, según la Encuesta Regional de Uso del Tiempo 2023. Programas como Sistema Nacional de Cuidados en Uruguay o los bonos por corresponsabilidad en Panamá han logrado reducir esta carga en un 12%, pero aún faltan recursos. «Sin inversión pública en infraestructura de cuidados, la equidad será solo retórica», advirtió la Dra. Claudia Serrano, economista de la CEPAL, durante el último Foro de Igualdad en Santiago.
Dos desafíos cruzan fronteras: la violencia digital y la representación política. En 2024, una de cada cuatro mujeres políticas en la región sufrió ataques en redes sociales, según Atrevenas, y aunque el 45% de los congresos latinoamericanos supera el 30% de escaños femeninos (umbral de paridad), solo el 15% de las alcaldías están lideradas por mujeres. La brecha no es uniforme: mientras Bolivia y Nicaragua superan el 50% de participación legislativa, Haití y Belize no llegan al 10%. El ritmo es lento, pero los datos muestran que, por primera vez, el retroceso no es la norma.
Políticas públicas que funcionan: casos exitosos en la región*
Los últimos cinco años marcaron un punto de inflexión en la equidad de género en América Latina, con avances concretos que contrastan con desafíos estructurales aún vigentes. Según datos de la CEPAL en 2024, la participación política de las mujeres alcanzó un récord histórico: el 35% de los escaños en parlamentos regionales, superando el promedio global. Países como México —con paridad de género en su Congreso— y Costa Rica, donde el 60% de los ministerios están liderados por mujeres, demuestran que las cuotas y reformas electorales sí generan resultados. Sin embargo, la brecha persiste en cargos de toma de decisiones económicas: solo el 18% de las CEO en empresas cotizadas son mujeres, según el BID.
El ámbito laboral refleja tanto progresos como contradicciones. La licencia de paternidad obligatoria, implementada en Chile (2023) y Colombia (2024), redujo en un 12% la deserción laboral de madres primerizas, de acuerdo con un estudio de la OIT. Pero la informalidad —que afecta al 54% de las trabajadoras en la región— anula estos beneficios para millones. Mientras Uruguay y Argentina avanzan con protocolos contra el acoso laboral, en países como Honduras o Bolivia, el 40% de las mujeres en empleos precarios no denuncia abusos por miedo a represalias, según informes de Oxfam.
La educación superior muestra una paradoja: las mujeres representan el 52% de los graduados universitarios en la región (datos UNESCO 2023), pero siguen subrepresentadas en carreras STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas). Iniciativas como «Niñas en TIC» —impulsada por la OEA en 12 países— logró aumentar un 20% la matrícula femenina en estas áreas desde 2020. No obstante, el techo de cristal persiste: en Brasil, por ejemplo, solo el 22% de los puestos directivos en empresas tecnológicas son ocupados por mujeres. La violencia de género, otro freno clave, registró un leve descenso del 3% en feminicidios durante 2023, aunque las cifras siguen siendo alarmantes: 4,000 casos anuales en la región, según la CEPAL.
Dos desafíos cruzan todas estas áreas: la falta de presupuestos públicos sostenidos y la resistencia cultural. Mientras Argentina destina el 0.8% de su PIB a políticas de género —el porcentaje más alto de la región—, otros países como Paraguay o Guatemala no superan el 0.2%. La Dra. Claudia Serrano, directora de Género del BID, advierte: «Sin inversión en cuidados —como guarderías públicas— y sin campañas que cuestionen estereotipos desde la infancia, los avances legales quedarán en papel». El 2024 será clave para medir si los compromisos asumidos en la XVI Conferencia Regional sobre la Mujer (2023) se traducen en acciones.
Qué pueden hacer empresas, escuelas y gobiernos para acelerar el cambio*
El avance hacia la equidad de género en América Latina muestra señales alentadoras, aunque el ritmo sigue siendo desigual. Según datos de la CEPAL en 2023, la participación laboral femenina alcanzó un 52% en la región, la cifra más alta en dos décadas, impulsada por políticas de corresponsabilidad en países como Uruguay y Costa Rica, donde las licencias parentales compartidas ya superan el 30% de adopción. Sin embargo, la brecha salarial persiste: las mujeres ganan en promedio un 27% menos que los hombres por el mismo trabajo, una cifra que se agrava en sectores informales, donde el 58% de las trabajadoras no tiene acceso a seguridad social.
En el ámbito político, 2024 marca un hito con la elección de Claudia Sheinbaum en México y Ximena Peña como vicepresidenta en Paraguay, sumándose a un grupo de mandatarias que ya gobiernan en Honduras, Perú y Barbados. Estas figuras visibilizan el liderazgo femenino, pero también exponen desafíos estructurales: solo el 32% de los escaños en los congresos latinoamericanos son ocupados por mujeres, según la Unión Interparlamentaria. Más allá de las cuotas de género, el obstáculo ahora es garantizar que esas voces incidan en agendas clave, como la economía del cuidado o la violencia política, que en países como Colombia y Bolivia ha escalado contra candidatas indígenas y afrodescendientes.
La educación refleja otro contraste. Mientras Chile y Argentina lograron paridad en matrículas universitarias en carreras STEM (ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas), en naciones como Guatemala y Haití el 40% de las adolescentes aún abandona la escuela secundaria por embarazos no planificados o trabajo doméstico no remunerado. Programas como «Ellas Hacen» en Brasil —que combina transferencias monetarias con talleres de autonomía económica— demuestran que las soluciones efectivas requieren abordar simultáneamente pobreza, salud reproductiva y estereotipos culturales. La OEA advierte: sin inversiones focalizadas, la región tardará 70 años más en cerrar las brechas actuales.
El sector privado avanza a dos velocidades. Empresas como Bimbo (México) y Natura (Brasil) lideran rankings de equidad con protocolos contra el acoso y comités de género en sus directorios, pero el 60% de las pymes latinoamericanas aún carece de políticas básicas, como lactarios o horarios flexibles. Un estudio del BID reveló que las compañías con al menos un 30% de mujeres en puestos directivos registran un 15% más de rentabilidad, aunque solo el 8% de las firmas en la región cumple ese umbral. El reto, según especialistas, no es solo contratar más mujeres, sino transformar culturas organizacionales que normalizan la sobrecarga doméstica o penalizan la maternidad.
Quizás el área más urgente sea la violencia. Aunque 22 países latinoamericanos tipificaron el feminicidio, los casos aumentaron un 10% en 2023, con Honduras y República Dominicana a la cabeza, de acuerdo con ONUMujeres. Iniciativas como los «Puntos Violetas» en el metro de Ciudad de México o las «Casas de Acogida» en Uruguay salvan vidas, pero chocan contra sistemas judiciales lentos y presupuestos insuficientes. La equidad real, concluyen activistas, no se mide solo en leyes o porcentajes, sino en la capacidad de erradicar la impunidad y redistribuir el tiempo: las mujeres latinoamericanas aún dedican tres veces más horas que los hombres al trabajo no remunerado.
Hacia 2030: los obstáculos que frenan el progreso y cómo superarlos*
Los últimos cinco años marcaron hitos significativos en equidad de género en América Latina, aunque el ritmo sigue siendo desigual. En 2023, Argentina, Colombia y México alcanzaron paridad de género en sus gabinetes ministeriales, según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Mientras tanto, Uruguay y Costa Rica implementaron licencias de paternidad de al menos 12 semanas, equiparándolas a las maternas en algunos casos. Estos cambios no son simbólicos: cuando las mujeres ocupan el 30% o más de los puestos de toma de decisiones, los países reducen un 15% la brecha en políticas públicas sensibles al género, de acuerdo con un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Sin embargo, el avance choca con realidades persistentes. La participación laboral femenina en la región sigue estancada en un 52%, casi 20 puntos porcentuales por debajo de la masculina, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT). En sectores como el tecnológico, solo el 25% de los puestos están ocupados por mujeres, una cifra que cae al 10% en cargos directivos. La violencia de género también frena el progreso: en 2023, al menos 12 mujeres fueron asesinadas diariamente en la región por razones de género, según registros de la Organización de Estados Americanos (OEA). Países como Honduras y El Salvador enfrentan las tasas más altas de feminicidios, mientras que en Brasil y Perú, el acoso callejero sigue sin tipificarse como delito en varias jurisdicciones.
Dos desafíos críticos requieren atención urgente. El primero es la distribución desigual del trabajo no remunerado: las mujeres latinoamericanas dedican hasta tres veces más horas que los hombres a labores domésticas y de cuidado, limitando sus oportunidades económicas. El segundo es la falta de acceso a servicios básicos: en zonas rurales de Bolivia, Guatemala y Paraguay, menos del 40% de las mujeres tiene autonomía sobre su salud reproductiva, según informes de UNICEF. Sin políticas que aborden estos puntos —como sistemas de cuidado públicos o educación sexual integral—, los avances legales riesgo quedarse en el papel.
Un caso que destaca es el de Chile, donde la ley de 40 horas laborales aprobada en 2023 incluyó cláusulas explícitas para promover la corresponsabilidad en el hogar. Aunque aún es pronto para medir su impacto, el modelo podría servir de referencia para otros países. La clave, como señala la CEPAL, está en combinar marcos legales con presupuestos asignados: sin recursos, hasta las leyes más progresistas terminan siendo letra muerta.
La equidad de género avanza, pero su ritmo sigue siendo insuficiente frente a la magnitud de las brechas estructurales en la región. Los logros en participación política, educación y leyes contra la violencia son pruebas de que el cambio es posible cuando hay voluntad política y movilización social, pero persisten desafíos como la brecha salarial, la sobrecarga de trabajo no remunerado y la subrepresentación en puestos de toma de decisiones. Para acelerar el progreso, los gobiernos deben asignar presupuestos específicos con perspectiva de género, mientras que las empresas pueden implementar auditorías salariales transparentes y políticas de corresponsabilidad parental desde ya. América Latina tiene la oportunidad de liderar con ejemplos concretos: si cada país adopta al menos dos de las medidas probadas en la región, 2025 podría marcar un punto de inflexión real.
