Entre las democracias parlamentarias, Francia y su Constitución de 1958 son, en muchos aspectos, una excepción. Si hoy el ir y venir de funcionarios electos entre el gobierno y el Parlamento es una práctica normalizada, en la mente del general de Gaulle este ir y venir estaba prohibido.
El artículo 23 de la Constitución establece que «las funciones de miembro del Gobierno son incompatibles con el ejercicio de cualquier mandato parlamentario». Esta incompatibilidad es una especificidad muy francesa.
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“Para el general De Gaulle y en el marco de un poder ejecutivo renovado y fortalecido, el parlamentario sólo debe tener como objetivo, una vez nombrado para el gobierno, sólo el interés general por encima de las preocupaciones particulares de su electorado, su cargo de trabajo requiere plena y completa devoción a las funciones gubernamentales”, explica Sophie Lamouroux en la Revista francesa de derecho constitucional.
Así, hasta 2008, cuando un ministro, previamente elegido diputado, perdió su cartera y perdió también su mandato parlamentario, «había una transferencia total en beneficio del sustituto», precisa Jean-Pierre Camby, profesor de derecho constitucional en la Universidad de Versalles. Sin embargo, en la práctica, la norma se elude a menudo. El diputado dimite para forzar la organización de elecciones parciales y permitir al ministro recuperar su escaño.
En última instancia, fue la revisión constitucional de 2008 la que puso fin al subterfugio. El ministro saliente recupera automáticamente su escaño un mes después de cesar en sus funciones gubernamentales.
