El Tribunal de Apelación de Nancy examina el lunes la compra del castillo de La Rochepot, la joya vitivinícola de Borgoña, un caso extraordinario de blanqueo de dinero y abuso de activos empresariales. En primera instancia, en 2022, siete acusados, entre ellos cuatro ucranianos, fueron oídos para aclarar el origen de los fondos utilizados para la compra en 2015 de esta fortaleza neogótica del siglo XII.
Ante el tribunal de apelación sólo quedan tres por comparecer: el ucraniano Dmitri Malinovsky, su ex chófer que se convirtió en administrador del castillo a partir de 2016, el moldavo Alexandru Arman, y la ex amante de Dmitri Malinovsky, la ucraniana Olga Kalina. . En primera instancia, Dmitri Malinovsky fue condenado a cuatro años y medio de prisión, incluidos seis meses con suspensión de la pena, por blanqueo de capitales, falsificación, posesión de armas y trabajos ocultos, así como a una multa de 100.000 euros. Su ex amante recibió una pena de prisión suspendida de dos años.
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Liberado del cargo de trabajo encubierto y complicidad en blanqueo de capitales, Alexandru Arman fue condenado por malversación de activos de la empresa a seis meses de prisión, cuatro de los cuales fueron suspendidos, así como a una inhabilitación de gestión de cinco años. El castillo de La Rochepot fue adquirido en 2015 después de permanecer tres años a la venta. Un alivio para los 300 habitantes de este pueblo de postal. Los nuevos compradores les aseguraron que respetarían el local, condición impuesta por el anterior propietario, descendiente del presidente de la República Sadi Carnot.
Pero los nuevos propietarios se mantuvieron muy discretos hasta diciembre de 2017, cuando el diario local Le Bien Public reveló que los artesanos contratados para el proyecto de renovación nunca habían cobrado. Luego el asunto fue llevado a los tribunales. Posteriormente, en 2018, el castillo fue incautado y vaciado, para gran consternación de los habitantes de La Rochepot, que vieron a 30.000 turistas al año visitar el edificio. La audiencia de apelación debía tener lugar en octubre pasado, pero fue pospuesta debido a una cuestión prioritaria de constitucionalidad planteada por una de las partes, que finalmente no fue transmitida.
