Un juez federal de los Estados Unidos aprobó la extradición del ex presidente panameño Ricardo Martinelli para enfrentar cargos de malversación y vigilancia ilegal en su país de origen.
El juez Edwin Torres, del Distrito Sur de Florida, estuvo de acuerdo con el argumento del Departamento de Estado de los Estados Unidos a favor de la extradición de Martinelli a Panamá.
Marshals de los Estados Unidos detuvieron a Martinelli en junio después de que Interpol emitiera una «alerta roja» basada en la solicitud de extradición de Panamá. En su país, el ex presidente enfrenta cuatro cargos relacionados con la vigilancia ilegal de oponentes políticos, aliados, periodistas y otros, al supuestamente desviar $13.4 millones de fondos públicos para comprar equipo de espionaje.
Martinelli, de 65 años, es un magnate de supermercados y presidió el crecimiento económico más rápido de América Latina durante su presidencia de 2009 a 2014. Sin embargo, su administración estuvo manchada por acusaciones de corrupción. Huyó del país en 2015 a Coral Gables, Florida, donde posee una mansión frente al mar.
El juez Torres escribió: «En resumen, después de una revisión cuidadosa de la evidencia en el expediente, estamos obligados a encontrar que la solicitud de extradición presentada por Panamá satisface todos los requisitos legales. Existe suficiente evidencia para establecer causa probable para todos los cargos presentados contra el presidente Martinelli».
Las acusaciones contra Martinelli son delitos extraditables bajo un tratado de extradición de 1904 entre Estados Unidos y Panamá, así como la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción de 2003 y la Convención de Budapest contra los delitos cibernéticos de 2004, dictaminó el juez. También existe causa probable para los cuatro cargos, agregó.
Los abogados de Martinelli argumentaron que los cargos eran el resultado de una cacería de brujas políticamente motivada liderada por el presidente actual Juan Carlos Varela, a quien despidió en 2011 como ministro de Relaciones Exteriores. También argumentaron que Martinelli tiene inmunidad de enjuiciamiento por presuntos delitos cometidos durante su presidencia. El juez Torres dictaminó que no goza de inmunidad y que no era competencia del tribunal determinar la inmunidad según la ley panameña.
El proceso de extradición permite a los tribunales realizar solo una «investigación limitada» para garantizar la equidad y proteger la integridad del proceso judicial, escribió el juez Torres. El proceso tampoco evalúa los méritos del caso y solo asegura que haya suficiente evidencia según los tratados existentes.
El juez Torres escribió: «Al llegar a esta conclusión, solo encontramos que hay motivos razonables para suponerlo culpable de todos o algunos de los delitos imputados. Como resultado, ‘la buena fe hacia el gobierno demandante [en Panamá] requiere su entrega'».
La decisión del juez certifica al Secretario de Estado Rex Tillerson que Martinelli es extraditable. El secretario de Estado luego toma la decisión final sobre si entregar al fugitivo y notifica al gobierno panameño.
Los acusados, como Martinelli, tienen opciones limitadas en casos de extradición y no pueden apelar directamente la certificación del juez o la decisión del secretario de Estado. Su equipo legal puede solicitar al tribunal un recurso de hábeas corpus, lo cual aún podría no detener su extradición sin una orden judicial que suspenda el proceso.